A nueve años del plazo fijado para garantizar el abastecimiento de agua a la población de Arequipa y atender la demanda de los sectores productivos, el plan hídrico de la cuenca Quilca-Chili registra alrededor del 30% de avance. Con represas pendientes de ejecución y problemas que comprometen la calidad del agua, nuestra región está en riesgo de no poder abastecer la demanda hídrica al 2030. Menos aún, consolidar los objetivos trazados al 2035.

El Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Quilca-Chili es un instrumento técnico de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), actualizado en 2023, busca garantizar el abastecimiento para el consumo poblacional y cubrir más del 80% de la demanda de los sectores productivos hacia 2035. Además, la visión al 2030 advierte que Arequipa necesitará el doble de la cantidad de agua de la que dispone actualmente. Para responder a esta demanda, las instituciones involucradas deben asegurar el suministro en cantidad, calidad y oportunidad.

El plan contempla medidas para incrementar la capacidad de los ecosistemas de producir, depurar y regular el agua, proteger las fuentes naturales y fortalecer la prevención frente a fenómenos hidrológicos extremos. Sin embargo, el secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca-Chili, Javier Segovia Gamio, estimó que solo se ha ejecutado alrededor del 30% de las acciones previstas. Aún quedan proyectos pendientes para alcanzar los objetivos de seguridad hídrica.

Pese a este avance, Fernando Mejía Vargas, presidente del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca-Chili, defendió los resultados de la actual gestión regional. Sostuvo que las intervenciones ejecutadas representan un avance importante, considerando la extensión territorial y la población que depende de esta cuenca. “Creo que hemos avanzado bien y tenemos un avance bastante importante. Recordemos, pues, que la Cuenca Quilca-Chili abarca el 22% del territorio y le da agua casi a la totalidad de los arequipeños”, señaló.

Entre las intervenciones pendientes figuran dos represas proyectadas en las zonas norte y sur de Arequipa, cuyos avances son desiguales. Mejía Vargas indicó que el Gobierno Regional de Arequipa coordina con la ANA y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para obtener la certificación ambiental de la represa Casablanca, ubicada en Yura. En cambio, el proyecto Toma Grande, en Mollebaya, todavía debe consolidar su expediente técnico antes de avanzar hacia su ejecución. “Las grandes obras toman su tiempo, pero hay que comenzarlas”, argumentó.

A la ejecución pendiente de infraestructura se suma el deterioro de la calidad del agua en la represa El Pañe, donde la sobrecarga de la actividad piscícola favorece un proceso de eutrofización. Frente a este problema, el Consejo de Cuenca interviene a través de su grupo de calidad de recursos hídricos, aunque las competencias para otorgar certificaciones ambientales corresponden a otra jurisdicción. “Las certificaciones ambientales en El Pañe las da el Gobierno Regional de Cusco, no el GRA, pero desde el grupo de calidad de recursos hídricos del Consejo de Cuenca ya estamos interviniendo”, señaló Mejía Vargas.

El cumplimiento de las metas compromete a los tres niveles de gobierno, al sector privado y a las organizaciones sociales, bajo criterios de equidad social, económica y ambiental. Con apenas el 30% de avance, Arequipa debe acelerar la ejecución de las intervenciones previstas y resolver los problemas que afectan la disponibilidad y calidad del recurso. De lo contrario, Arequipa no podría abastecer sus demandas hídricas y experimentaría estrés hídrico mucho antes de alcanzar 2035.