Mesía defiende facultad del

senado para modificar pedido del ejecutivo

El senador de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, defendió la facultad de la Cámara Alta para introducir modificaciones al proyecto de delegación de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo. Afirmó que el artículo 102 de la Constitución permite revisar lo aprobado por la Cámara de Diputados, aunque aseguró que no se busca desnaturalizar el dictamen.

En declaraciones a RPP, Mesía sostuvo que el Senado no puede renunciar a sus atribuciones constitucionales y consideró necesario debatir asuntos que, según indicó, quedaron fuera de la propuesta aprobada inicialmente por los diputados.

Entre los temas que planteó incorporar a la discusión figuran el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la posibilidad de que la Policía Nacional asuma el control de los establecimientos penitenciarios, función que actualmente corresponde al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El legislador argumentó que las organizaciones criminales han cambiado sus métodos de operación mediante el uso de tecnologías como redes sociales y drones. Frente a este escenario, propuso evaluar procedimientos más rápidos para las investigaciones y procesos vinculados con estos delitos.

“Podemos establecer una modalidad de proceso sumario”, señaló, al precisar que la propuesta buscaría acortar los plazos de investigación y diferenciar la respuesta judicial frente a la delincuencia común y el crimen organizado.

Mesía también rechazó las críticas de quienes advierten que la delegación de facultades podría otorgar poderes excesivos al Ejecutivo. Sostuvo que existen mecanismos de control parlamentario, como la interpelación y la censura, además de la posibilidad de modificar o derogar leyes mediante otras normas.

Asimismo, descartó que Fuerza Popular pretenda imponer unilateralmente los cambios. Recordó que su bancada cuenta con 22 escaños en el Senado y señaló que existen acercamientos con legisladores de Renovación Popular, sin descartar acuerdos con otras agrupaciones.

La controversia se centra en los límites de la revisión que puede realizar el Senado al dictamen aprobado por Diputados, que redujo de 66 a 20 los puntos planteados originalmente por el Gobierno. La discusión deberá determinar hasta dónde pueden llegar las modificaciones sin alterar el alcance de la propuesta inicial.