Caso liceo naval: tratamiento

especializado para 4 escolares investigados

El equipo técnico interdisciplinario del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima recomendó incorporar a tres de los seis escolares investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero del Liceo Naval Almirante Guise al programa de tratamiento para agresores sexuales. La sugerencia se sustenta en las evaluaciones psicológicas y conductuales realizadas a los adolescentes, quienes cumplen internamiento preventivo en Maranguita.

Los informes identificaron en algunos de los evaluados rasgos de baja empatía, desapego afectivo, frialdad emocional y dificultades para reconocer el impacto de sus acciones sobre otras personas. También advirtieron respuestas que minimizarían la gravedad de los hechos investigados y una reconstrucción parcial de lo ocurrido.

Según los especialistas, algunos adolescentes atribuyeron las acciones de mayor gravedad a otros participantes, mientras que determinadas declaraciones presentaron el episodio como una broma o limitaron la intervención individual. Estas versiones deberán analizarse durante las investigaciones, sin que las evaluaciones determinen por sí solas responsabilidades penales.

La intervención especializada busca trabajar el reconocimiento del daño, la responsabilidad individual y colectiva, el respeto de los límites personales y la prevención de conductas violentas. Los documentos también describen dificultades para comprender los sentimientos y derechos de otras personas.

El caso se remonta al 15 de septiembre, cuando presuntamente ocurrió una agresión sexual dentro de un bus que trasladaba a estudiantes después de un campeonato deportivo. Seis alumnos de cuarto y quinto de secundaria quedaron bajo investigación y recibieron cuatro meses de internamiento preventivo por disposición judicial.

Posteriormente, se denunció un presunto intento de agresión sexual ocurrido el 6 de octubre en las duchas del centro juvenil, episodio que también es investigado por la Fiscalía.

Las autoridades deberán establecer las responsabilidades correspondientes, mientras continúan las evaluaciones y las recomendaciones de atención especializada para los adolescentes involucrados.