A pesar de los hitos promocionados, el Megapuerto de las Américas-Corío mantiene dos concesiones mineras sin anular y arrastra disputas por la posesión de sus terrenos. Aunque más de 34 mil hectáreas están inscritas a nombre del Estado, el área aún carece de protección frente a nuevos petitorios mineros y mantiene decenas de hectáreas en disputa. A su vez, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) busca impulsar una ley para sancionar a los notarios que reconozcan escrituras imperfectas sobre estos predios.

El proyecto cuenta con un Plan Maestro aprobado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), está incorporado en el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 y figura en la cartera priorizada de ProInversión. Asimismo, el GRA logró la inscripción de 34.596 hectáreas a nombre del Estado en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Sin embargo, estos avances no equivalen a una declaración de Área No Admisible a Petitorios (ANAP), categoría vinculada a la restricción de nuevas solicitudes de concesiones mineras en los terrenos destinados al proyecto. Tampoco extinguen los derechos previamente otorgados.

En mayo pasado, la Gerencia Regional de Energía y Minas informó que Corío no contaba con esa categoría y que existían derechos mineros titulados y otros trámites superpuestos al área del proyecto. Entre los casos identificados figuraban los petitorios RJ Buena Vista V y La Perla Texao 5, cuyos procedimientos comenzaron en 2022 y 2023, respectivamente, y obtuvieron permisos en 2025. En ese momento, el entonces gerente regional de Energía y Minas, Raúl Jaime Anccasi, explicó que revertir los permisos era complejo porque sus titulares ya habían adquirido derechos. Como alternativa, planteó gestionar una vía legal para declarar el área no apta para la minería.

La Cámara de Diputados anunció su intención de declarar de necesidad pública e interés nacional la implementación de la primera etapa del Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío. Al respecto, Mario Zúñiga Martínez, secretario técnico de la Agencia Regional de Desarrollo del GRA, sostuvo que la transferencia de los terrenos debe tenerse en cuenta al evaluar los derechos mineros superpuestos. “Las competencias de cada sector en el otorgamiento de concesiones y demás deben estar sujetas y sometidas a un interés mayor, que es el megapuerto de las Américas Corío”, afirmó.

Otro problema son las disputas por la posesión de los terrenos. Ante los reclamos de personas que alegan derechos sobre parte del área, el gobernador regional Rohel Sánchez anunció que busca el respaldo de los diputados para impulsar una ley que sancione a los notarios que reconozcan escrituras imperfectas sobre estos predios. La iniciativa aún debe concretarse en una propuesta legislativa que precise las conductas sancionables y las garantías para quienes acrediten legítimamente derechos sobre los terrenos.

Zúñiga Martínez también reconoció que la inscripción estatal no significa que hayan desaparecido todos los problemas sobre el área. La gestión regional busca completar la transferencia de las 34.596 hectáreas y resolver las superposiciones antes de dejar encaminado el proyecto para su ejecución. En agosto, el funcionario advirtió que todavía se registraban nuevas ocupaciones en la zona, pese a las acciones de recuperación de terrenos. Por tanto, la consolidación de Corío no depende únicamente de sus instrumentos de planificación, sino también de resolver las concesiones mineras vigentes y las controversias sobre la posesión de los predios.