Agentes anticorrupción y representantes del Ministerio Público recabaron documentación sobre una posible sobrevaloración de viáticos. Las diligencias también alcanzaron la Gerencia Municipal.

INTERVENCIÓN

La Policía Nacional y representantes del Ministerio Público intervinieron ayer la sede administrativa de la Municipalidad Distrital de Majes, en Caylloma, para investigar presuntas irregularidades en los gastos de viajes de funcionarios municipales. Según información policial, las pesquisas buscan determinar si los gerentes declararon montos superiores a los realmente utilizados durante desplazamientos hacia zonas de playa.

La diligencia estuvo a cargo del Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción (DEPDDICC), en cumplimiento de una disposición fiscal emitida el 5 de octubre. La investigación comprende la presunta comisión de los delitos de peculado doloso y culposo, relacionados con el posible uso irregular de recursos públicos destinados a comisiones de servicio.

Según información policial, las diligencias también se realizaron en la oficina del gerente municipal, Juan Carlos La Torre Roca, quien anteriormente ocupó un cargo de confianza durante la administración del exalcalde Jenry Huisa Calapuja, por lo que no se descarta que también formaría parte de la investigación.

La Torre Roca fue designado jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas en julio de 2025, durante la gestión de Huisa, quien posteriormente renunció para postular al Gobierno Regional de Arequipa. El funcionario continuó vinculado a la institución bajo la administración de Gladys Condori, pese a los cambios anunciados en puestos de confianza.

La Municipalidad de Majes aprobó en mayo de este año una directiva que regula la autorización, ejecución y rendición de gastos por viajes oficiales. Esta disposición constituye un antecedente administrativo para examinar las comisiones de servicio cuestionadas, los recursos asignados a cada funcionario y la documentación presentada para justificar los desembolsos.

El caso se encuentra comprendido en la Carpeta Fiscal N.º CF-500-2026-282. Hasta el momento, no se ha informado el monto del presunto perjuicio económico ni la identidad de todos los funcionarios investigados. Las diligencias buscan establecer si existieron gastos injustificados y determinar eventuales responsabilidades, sin que se haya acreditado participación del exalcalde Huisa.