SEGÚN LA MAYORÍA DE ECONOMISTAS

Un Niño extraordinario restaría al

menos un punto al crecimiento del Perú en 2027

Cambio climático tendrá impacto en la economía peruana.

El impacto económico del fenómeno climático podría reducir el crecimiento del PBI entre uno y dos puntos porcentuales o más. Los riesgos climáticos desplazaron por primera vez a la inseguridad ciudadana como la principal amenaza económica de corto plazo, según una encuesta del Instituto Peruano de Economía (IPE).

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La posibilidad de que el Perú enfrente un Fenómeno El Niño (FEN) Costero de magnitud extraordinaria durante el verano de 2027 comienza a encender las alertas en el sector económico. Tres de cada cuatro economistas estiman que este evento climático podría restar al menos un punto porcentual al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del próximo año, lo que anticipa un escenario de mayores dificultades para la producción, la inversión y el empleo.

La advertencia forma parte de los resultados de la décima edición de la encuesta «Los principales economistas opinan», elaborada por el Instituto Peruano de Economía (IPE), que recogió las respuestas de 95 especialistas entre el 22 y el 27 de octubre de 2026.

De acuerdo con el estudio, el 44 % de los economistas considera que, si se concreta un Niño Costero extraordinario, el crecimiento del PBI sería entre 1 y 1.5 puntos porcentuales menor respecto de un escenario sin este fenómeno. Otro 19 % calcula una reducción de entre 1.5 y 2 puntos, mientras que el 12 % proyecta un impacto de dos puntos porcentuales o más.

En conjunto, el 75 % de los consultados anticipa una pérdida de al menos un punto porcentual en el crecimiento económico. Un 21 % estima que la reducción estaría entre 0.5 y un punto, mientras que apenas el 2 % considera que el impacto sería inferior a medio punto porcentual.

Las proyecciones reflejan la preocupación por las consecuencias que podría generar un evento climático de gran intensidad en las diferentes actividades económicas, especialmente en sectores vulnerables a las lluvias, inundaciones, deslizamientos y daños en la infraestructura.

RIESGO CLIMÁTICO SUPERA A LA INSEGURIDAD

El temor a las consecuencias del Fenómeno El Niño también modificó la percepción de los especialistas sobre las principales amenazas para la economía nacional.

Por primera vez, los riesgos climáticos se ubicaron en el primer lugar de las preocupaciones económicas de corto plazo, con el respaldo del 78 % de los encuestados. De esta manera, desplazaron a la inseguridad ciudadana y la expansión del crimen organizado, que alcanzaron el 66 %.

Este último indicador retrocedió después de haber registrado un máximo de 78 % en septiembre. El resultado evidencia que, aunque la criminalidad continúa siendo una preocupación importante para los economistas, la amenaza climática ha adquirido mayor relevancia ante la posibilidad de un evento extraordinario.

En tercer lugar aparece la incertidumbre global, mencionada por el 18 % de los especialistas. Le siguen el menor ritmo de crecimiento económico y el deterioro de las finanzas públicas, ambos con 12 %. La inestabilidad política, por su parte, fue señalada por el 9 % y acumula cinco meses consecutivos de retroceso.

MENOS TRÁMITES PARA DESTRABAR INVERSIONES

Otro de los aspectos abordados por la encuesta fue la reciente delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, aprobada por el Congreso para atender materias relacionadas con la seguridad ciudadana y la prevención frente al Fenómeno El Niño.

Para el 59 % de los economistas consultados, esta delegación también debió incorporar medidas destinadas a reducir los trámites administrativos y las barreras burocráticas que dificultan el desarrollo de inversiones.

La modernización del Estado y del servicio civil para mejorar la calidad de los servicios públicos ocupa el segundo lugar, con 45 % de las respuestas. Asimismo, el 38 % considera que debieron incluirse medidas para promover el empleo, la formalización y la fiscalización laboral, además de impulsar el empleo juvenil.

Otras materias mencionadas fueron facilitar el crecimiento y la formalización de las micro y pequeñas empresas (28 %), así como simplificar el régimen tributario y facilitar el comercio exterior (24 %).

En contraste, solo el 19 % considera que no era necesario incorporar ninguna materia adicional a las facultades otorgadas al Ejecutivo.

FORMALIZACIÓN MINERA Y CONCESIONES

La encuesta también recogió opiniones sobre la propuesta de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), en un contexto marcado por el próximo vencimiento del proceso de formalización minera a fines de 2026.

Para el 66 % de los economistas, una nueva legislación debe establecer mecanismos efectivos de trazabilidad del mineral, desde su extracción hasta su comercialización, con especial atención a las plantas procesadoras. La finalidad es fortalecer los controles sobre el origen del mineral y evitar que la actividad ilegal ingrese a los circuitos comerciales.

Asimismo, el 51 % considera prioritario garantizar la fiscalización y aplicar sanciones efectivas a quienes incumplan los requisitos. Otro 47 % plantea exigir avances verificables y establecer un plazo improrrogable para completar la formalización, mientras que el 42 % propone excluir del proceso a quienes operen en zonas donde la actividad minera está prohibida.

Finalmente, los especialistas evaluaron el futuro de las concesiones de infraestructura otorgadas mediante asociaciones público-privadas (APP). Según Proinversión, entre 2026 y 2035 vencerán 38 contratos que representan inversiones por aproximadamente 5,800 millones de dólares.

Al respecto, el 61 % considera que el Estado debe analizar cada contrato individualmente antes de decidir si corresponde ampliar la concesión o convocar una nueva licitación. La evaluación debería considerar los plazos, los beneficios económicos, la competencia y la continuidad del servicio.

En tanto, el 23 % se inclina por nuevas licitaciones competitivas y el 13 % por ampliar los contratos vigentes mediante adendas sujetas a nuevos compromisos de inversión y mejoras en el servicio. Apenas el 2 % plantea que el Estado asuma directamente la operación de la infraestructura.

RESALTAR

Los resultados de la encuesta del IPE muestran que el riesgo climático se ha convertido en una variable determinante para las perspectivas económicas de 2027. La magnitud de sus posibles efectos dependerá de la intensidad del fenómeno y de la capacidad del país para anticipar y reducir los daños sobre la actividad productiva y la infraestructura.