Por: Carlos Meneses

Arequipa no necesita más exhortaciones ni reuniones de coordinación. Necesita planes aprobados, responsabilidades identificadas y autoridades que cumplan antes de que llegue el desastre. La prevención se demuestra con decisiones oportunas, no con recordatorios de último momento.

La gestión del riesgo de desastres en Arequipa sigue atrapada entre la burocracia, la desidia municipal y una preocupante falta de sentido de urgencia. Que el 70 % de los municipios distritales no tenga aprobado su Plan de Gestión Reactiva (PGR) no es un simple retraso administrativo: es una señal de que buena parte de las autoridades todavía no está preparada para responder ante una emergencia. Y lo más grave es que esta situación persiste cuando el Fenómeno de El Niño amenaza con intensificar las lluvias, inundaciones y movimientos en masa.

Las cifras deberían bastar para encender las alarmas. El CENEPRED identifica a 20 distritos con riesgo muy alto y a otros 47 con riesgo alto frente a estos peligros. Sin embargo, de los 109 municipios distritales de la región, apenas unos 33 habrían formalizado sus planes. Es decir, decenas de gobiernos locales siguen sin completar un instrumento obligatorio que establece cómo actuar antes, durante y después de una emergencia.

No se trata de documentos para cumplir con un requisito ni de expedientes que puedan archivarse en una oficina. Un plan de gestión reactiva debe definir responsabilidades, mecanismos de coordinación y procedimientos para proteger a la población. Sin esa organización, la respuesta ante una inundación, un deslizamiento o cualquier otro desastre puede convertirse en improvisación, duplicidad de funciones y pérdida de tiempo. En una emergencia, esas deficiencias pueden costar vidas.

Resulta insuficiente que el INDECI se limite a capacitar, asesorar y recordar a las municipalidades sus obligaciones. La asistencia técnica es necesaria, pero no puede convertirse en una excusa para tolerar el incumplimiento. El director de la institución en Arequipa, Carlos Nacarino Rodríguez, reconoce su preocupación, aunque el problema lleva meses sin resolverse. La prevención no consiste en convocar a los alcaldes cuando el peligro ya está encima ni en enviar recordatorios a última hora, cuando las lluvias comienzan a causar daños.

También preocupa que el Gobierno Regional, pese a tener aprobado su plan, aún deba formalizarlo mediante resolución, mientras la Municipalidad Provincial continúa elaborándolo sin una fecha definida para concluirlo. Si las principales instancias de gobierno no cierran sus propios procedimientos, difícilmente podrán exigir resultados a los distritos.

La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito debe intervenir con mayor firmeza. No basta con advertir que existen responsabilidades o posibles sanciones. Corresponde requerir información, verificar qué autoridades incumplen y evaluar las acciones preventivas y legales que correspondan. Esperar a que ocurra una tragedia para establecer responsabilidades sería repetir el ciclo de negligencia que caracteriza tantas emergencias.