La exprimera ministra advierte que el Perú desaprovecha su potencial económico por la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Cuestiona que Majes-Siguas permanezca paralizado después de más de una década y plantea que el Ejecutivo impulse el proyecto mediante ProInversión. También propone una gestión del Estado organizada por cuencas hidrográficas y reclama decisiones concretas frente al Fenómeno de El Niño.

La fragmentación política y la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno constituyen algunos de los principales obstáculos para aprovechar las oportunidades de inversión que tiene el Perú. Así lo sostuvo la exprimera ministra y también exvicepresidenta Mercedes Aráoz Fernández, quien advirtió que, mientras los inversionistas internacionales mantienen expectativas favorables sobre el país, las disputas políticas internas impiden avanzar en proyectos estratégicos y consolidar una visión de desarrollo de largo plazo.

Tras participar en el encuentro empresarial IN Perú, realizado en Nueva York, Aráoz señaló que pudo comprobar el interés de banqueros e inversionistas extranjeros por las posibilidades que ofrece la economía peruana. Sin embargo, consideró que esa expectativa contrasta con la creciente fragmentación política que se registra en el país.

Indicó en su última visita a Arequipa, que cada región posee ventajas comparativas que podrían convertirse en oportunidades de crecimiento, empleo y generación de riqueza, pero para ello se requiere una estrategia articulada entre los gobiernos regionales, las autoridades locales y el sector empresarial.

En ese sentido, planteó que estos actores deben trabajar conjuntamente en propuestas de cambio estructural que puedan ser presentadas al Gobierno nacional. También exhortó a la clase política a dejar de lado los enfrentamientos y las controversias coyunturales para concentrarse en acuerdos que permitan impulsar el desarrollo integral del país.

POTENCIAL DESAPROVECHADO

Aráoz Fernández sostuvo que el Perú tiene condiciones favorables para aprovechar las transformaciones de la economía mundial, especialmente por la demanda de minerales necesarios para la transición energética y el crecimiento de las tecnologías que utilizan electricidad.

En ese escenario, destacó las oportunidades que representan el cobre y los minerales raros, cuya importancia se incrementa por su utilización en nuevas industrias y tecnologías vinculadas con las energías limpias.

Asimismo, consideró que el país tiene condiciones geográficas y productivas para convertirse en una gran despensa alimentaria, tanto para abastecer el mercado nacional como para ampliar su presencia en los mercados internacionales mediante la agroexportación.

No obstante, advirtió que estas posibilidades necesitan infraestructura, planificación y decisiones políticas que permitan concretar inversiones. Como ejemplo de las oportunidades que Arequipa continúa desaprovechando, mencionó el proyecto Majes-Siguas, cuya paralización consideró difícil de justificar por su importancia económica y social.

Recordó que en 2010, durante su participación en el Gobierno, firmó la aprobación presupuestal que permitió poner en marcha el proceso de licitación de esta iniciativa, concebida como una de las principales apuestas de desarrollo agrícola del sur del país.

Sin embargo, después de tantos años, el proyecto continúa sin concretarse, pese a que podría generar miles de puestos de trabajo, ampliar la frontera agrícola, mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico y fortalecer las exportaciones.

MAJES-SIGUAS, UNA DECISIÓN PENDIENTE

Al referirse al traslado de la administración del proyecto desde el Gobierno Regional de Arequipa hacia el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Aráoz consideró que uno de los factores que contribuyó a su estancamiento fue el temor de las autoridades a tomar decisiones por las posibles investigaciones de los organismos de control y del sistema de justicia.

Desde su perspectiva, esa situación termina generando una administración pública en la que los funcionarios prefieren evitar decisiones antes que asumir responsabilidades sobre proyectos de gran envergadura.

Por ello, sostuvo que el sistema de justicia debe contribuir a que el país avance y no convertirse en un obstáculo para la ejecución de iniciativas estratégicas. Esto no significa desconocer la fiscalización ni las responsabilidades de los funcionarios, sino evitar que el temor a eventuales investigaciones paralice decisiones que pueden adoptarse dentro de la legalidad.

En esa línea, planteó que el Poder Ejecutivo debe asumir un papel más activo para sacar adelante Majes-Siguas y evaluar mecanismos como los procesos de promoción de la inversión privada a través de ProInversión.

La propuesta supone que el proyecto deje de depender de decisiones postergadas y cuente con una ruta institucional que permita avanzar hacia su ejecución.

ESTADO SIN ORDENAMIENTO

Al evaluar los primeros meses de gestión del actual Gobierno, Aráoz identificó como uno de los principales asuntos pendientes la modernización y el ordenamiento del Estado.

Consideró que el país necesita revisar la distribución de competencias entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, debido a que la superposición de funciones y los procedimientos burocráticos dificultan la atención de las necesidades ciudadanas.

Sostuvo que la tecnología debe utilizarse para reducir significativamente los costos administrativos y simplificar los trámites que realizan las personas y las empresas. La modernización, explicó, no debe limitarse a incorporar herramientas digitales, sino que también debe implicar una reorganización de las instituciones y una delimitación clara de responsabilidades.

Otro de los problemas que identificó es la rigidez del servicio público, que dificulta contratar profesionales calificados y tomar decisiones oportunas. Advirtió que, en muchas ocasiones, los procedimientos internos generan una acumulación de opiniones y revisiones que termina impidiendo adoptar una decisión final.

Como alternativa para mejorar la gestión territorial, propuso avanzar hacia una mayor integración regional tomando como referencia las cuencas hidrográficas.

Mencionó que Arequipa y Moquegua necesitan establecer mecanismos de cooperación para administrar conjuntamente sus recursos hídricos, debido a que el agua no responde a las divisiones políticas o administrativas de los territorios.

Esta visión permitiría abordar de manera integral los problemas relacionados con el abastecimiento, la agricultura, las actividades productivas y la protección de las fuentes de agua.

PREVENCIÓN FRENTE A EL NIÑO

En relación con el riesgo de un nuevo Fenómeno de El Niño, Aráoz consideró necesario acelerar las intervenciones de prevención y remediación, especialmente en las zonas expuestas a inundaciones, deslizamientos y desbordes de ríos.

Señaló que la falta de avances acumulados en años anteriores obligó al Gobierno a solicitar facultades legislativas para agilizar determinadas acciones. Sin embargo, remarcó que el país necesita pasar rápidamente de las medidas administrativas a la ejecución de trabajos concretos.

Entre las intervenciones que mencionó figuran la descolmatación de los cauces de los ríos y la instalación de geomallas en cerros y laderas para reducir los riesgos asociados a los movimientos de tierra.

También consideró importante aprovechar la experiencia y capacidad operativa del sector privado para ejecutar trabajos de remediación básica, sin descuidar los criterios técnicos y los mecanismos de control.

Respecto al financiamiento, respaldó la propuesta presupuestal que contempla un techo de 18 000 millones de soles para atender las acciones relacionadas con la emergencia y contener los posibles daños.

Asimismo, se mostró a favor de entregar bonos de emergencia a las familias vulnerables que resulten afectadas, con el propósito de evitar que la pérdida de viviendas, bienes o fuentes de ingresos las empuje hacia situaciones de pobreza.

BICAMERALIDAD Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Finalmente, Aráoz abordó el funcionamiento del sistema político y la reforma legislativa vinculada con la bicameralidad. Consideró que la oposición parlamentaria debe cumplir un papel constructivo y no limitarse a rechazar las propuestas del Gobierno o recurrir a abstenciones por cálculos políticos.

Sostuvo que los legisladores tienen libertad para ejercer su voto de conciencia, pero también la responsabilidad de presentar alternativas y contribuir al debate de las políticas públicas.

Sobre la relación entre la Cámara de Diputados y el Senado, advirtió que existen aspectos normativos que necesitan mayor precisión para evitar conflictos de atribuciones y procedimientos legislativos poco claros.

A su juicio, la Cámara de Diputados no debería imponerse sobre el Senado, por lo que resulta necesario establecer con claridad las competencias de ambas instancias y los mecanismos de revisión de las iniciativas legislativas.

Planteó, en ese sentido, contar con un procedimiento de revisión o devolución de proyectos entre las dos cámaras que permita corregir observaciones y elevar la calidad técnica de las leyes.

Para Aráoz, el desafío del país no se limita a reorganizar su estructura política, sino que exige construir instituciones capaces de tomar decisiones, ejecutar inversiones y responder a las necesidades de la población. En ese proceso, proyectos como Majes-Siguas representan una prueba de la capacidad del Estado para convertir las oportunidades económicas en resultados concretos para las regiones.