Advierten que una eventual sequía golpearía al 90% de agricultores y pondría en alto riesgo a la provincia de La Unión
La disminución en las captaciones de agua ya genera racionamientos en zonas como Cotahuasi
Por: Daniela Nickole Santander
Ante el panorama de inestabilidad climática, las autoridades de la provincia de La Unión han encendido las alarmas ante la posibilidad de que una severa sequía golpee de manera directa a gran parte del territorio, donde aproximadamente el 90% de la población subsiste gracias a la agricultura y la ganadería. Si bien los pobladores de esta accidentada geografía encañonada se encuentran habituados a lidiar históricamente con las precipitaciones pluviales, huaycos y deslizamientos recurrentes en distritos como Alca y Tomepampa (para los cuales existe cierta capacidad de respuesta y maquinaria preventiva gestionada con el apoyo regional), un escenario de escasez hídrica total carece de planes de contingencia efectivos debido a la compleja pendiente del terreno que dificulta la acumulación del recurso.
La problemática se agrava ante la disyuntiva actual, ya que las captaciones de agua potable y de riego en zonas como Cotahuasi ya experimentan una reducción cercana al 30% ,obligando a implementar distribuciones por horarios que evidencian la vulnerabilidad del sistema frente al déficit de lluvias.
«Si es que fuera sequía, eso sería un desastre mayor, no estamos preparados para ello, porque ya que casi toda la Provincia de la Unión es netamente agricultores y pues lo principal es el agua. Lo más lamentable sería si fuera una sequía total, eso sería desastroso para todos», señaló el alcalde provincial de La Unión, Alfonso Chipana Nuñuri.
La latente amenaza del déficit hídrico en las provincias altoandinas demuestra que la gestión de riesgos no puede limitarse a la respuesta inmediata frente a los desbordes o precipitaciones estacionales. Anticiparse a las crisis de sequía mediante infraestructura de almacenamiento eficiente y políticas públicas de optimización del recurso se vuelve una necesidad impostergable para proteger la seguridad alimentaria y la economía de miles de familias agricultoras que sostienen el desarrollo de la región sur.
