Por: Carlos Meneses

EsSalud no puede seguir administrando la escasez como si fuera una política sanitaria. Los asegurados aportan para recibir atención digna, no para enfrentar menos camas, operaciones postergadas y tratamientos interrumpidos. Las autoridades deben explicar quién responde por estas decisiones, garantizar los recursos y presentar un plan concreto de recuperación. La salud no admite improvisaciones ni puede seguir pagando el costo de la incapacidad institucional.

La seguridad social en Arequipa atraviesa una crisis que ya no puede esconderse detrás de explicaciones administrativas, restricciones presupuestales ni promesas de reorganización. Los problemas se acumulan, los servicios se deterioran y los asegurados pagan las consecuencias de una institución que parece haber perdido capacidad para responder a las necesidades de sus propios pacientes. Lo que ocurre en el Hospital III Yanahuara y con la atención de pacientes renales constituye una nueva evidencia de esta preocupante realidad.

Reducir camas hospitalarias cuando la demanda de atención aumenta es una decisión difícil de justificar. La reorganización dispuesta en Ginecología y Obstetricia reducirá la capacidad de hospitalización de 53 a 34 camas. Ginecología pasará de 19 a 12 y Obstetricia de 34 a 22. Son 19 espacios menos para atender a mujeres que requieren hospitalización, intervenciones quirúrgicas y atención especializada. Los trabajadores advierten que las listas de espera podrían superar los seis meses. En lugar de ampliar la capacidad de respuesta, la administración opta por reducirla.

Más grave todavía es que Ginecología perdería sus ambientes propios para funcionar en dos habitaciones del área de Obstetricia. No se trata simplemente de redistribuir espacios, sino de comprometer las condiciones en las que se presta un servicio que atiende, junto con Obstetricia, aproximadamente al 60 % de la población femenina de la Red Asistencial Arequipa. La protesta del personal médico y asistencial no puede ser descalificada como una resistencia a los cambios. Sus advertencias merecen respuestas técnicas y explicaciones transparentes.

A esta situación se suma otro episodio que retrata el desorden institucional: la suspensión de servicios renales por deudas impagas de EsSalud a clínicas privadas. Noventa pacientes renales de Arequipa fueron trasladados intempestivamente y otros 45 afiliados al SIS también tuvieron que ser reubicados. Para quienes dependen de tratamientos periódicos, un cambio de establecimiento sin información oportuna no es un simple inconveniente administrativo. Es una amenaza a la continuidad de su atención y a su tranquilidad.

La coincidencia de estos problemas revela una crisis que excede a un hospital o a un servicio médico. Hay decisiones que reducen capacidad instalada, obligaciones económicas que no se cumplen y pacientes que terminan soportando las consecuencias de una gestión deficiente. No hay visos claros de solución ni señales de una reforma capaz de revertir este deterioro.