Proyectos anunciados para atender a poblaciones vulnerables no se concretaron por falta de garantías para financiar su funcionamiento. Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social reconoce que las iniciativas quedaron sin condiciones para avanzar, mientras solo el centro especializado de Camaná tiene asegurada su sostenibilidad.

GESTIÓN DE ROHEL SÁNCHEZ

Los anuncios de nuevos servicios para atender a las poblaciones más vulnerables de Arequipa corren el riesgo de no convertirse en realidad. Los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos, así como los centros destinados a adultos mayores, enfrentan dificultades que van más allá de conseguir recursos para levantar su infraestructura: no existe una garantía presupuestal para mantenerlos operativos.

Uno de los compromisos pendientes es la implementación de un refugio temporal en Majes, provincia de Caylloma. En diciembre de 2025, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) anunció la construcción de este establecimiento con una inversión estimada superior a los S/10 millones, mediante la modalidad de Obras por Impuestos. Sin embargo, el proyecto no tiene resuelto cómo se financiarán los servicios posteriores a su construcción.

La infraestructura requiere personal especializado, equipamiento, alimentación, mantenimiento y servicios básicos para garantizar una atención adecuada a las mujeres que buscan protección y a sus hijos. Sin estos recursos, la inversión anunciada no asegura que el establecimiento pueda recibir a las víctimas ni brindarles asistencia permanente.

La gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, Jessica Apaza García, reconoció que estas iniciativas no lograron avanzar debido a la falta de garantías de sostenibilidad. Explicó que el gobierno regional presentó las propuestas al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con la solicitud de que esta institución asumiera los gastos de funcionamiento. No obstante, la respuesta fue que el sector no dispone de presupuesto para cubrir esa responsabilidad.

Esta situación habría dejado sin continuidad la ejecución de los proyectos. «No se trata de construir por construir. Se trata de que lo que se vaya a construir cumpla la finalidad que se está esperando», sostuvo la funcionaria.

El problema evidencia una dificultad en la planificación de las inversiones públicas: conseguir financiamiento para construir no equivale a garantizar la prestación del servicio. Sin una entidad que asuma los costos recurrentes, los proyectos pueden quedar limitados a expedientes, anuncios o infraestructura sin capacidad de funcionamiento.

CAMANÁ TIENE OTRA SITUACIÓN

Un escenario diferente presenta el Centro de Acogida Residencial Especializado para niños, niñas y adolescentes con discapacidad de Camaná. Según Apaza García, esta iniciativa sí cuenta con garantías para su sostenibilidad, luego de recibir el respaldo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), que asumirá el soporte necesario para su funcionamiento.

La diferencia entre ambos casos está en que el proyecto de Camaná tiene identificado el respaldo institucional para mantener la atención después de culminada la obra, condición que no se consiguió para los otros establecimientos.

Así, los compromisos regionales dirigidos a mujeres víctimas de violencia y adultos mayores permanecen sin una ruta financiera definida. La población que requiere estos servicios continúa a la espera de respuestas concretas, mientras el cierre de la gestión se aproxima y las promesas de atención social siguen sin materializarse.