Por Carlos Meneses

La prohibición de la reelección inmediata de alcaldes no puede convertirse en una norma que se respeta únicamente en el papel, mientras se buscan mecanismos para burlarla desde las propias organizaciones políticas. La advertencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, sobre la imposibilidad de utilizar el cargo de primer regidor para recuperar posteriormente la alcaldía mediante la sucesión constituye una posición necesaria para defender la legalidad y la voluntad popular.

Burneo ha sido categórico: “Nunca avalaremos ninguna reelección inmediata”. Su pronunciamiento responde a una práctica que pretende aprovechar los vacíos o interpretaciones interesadas de las normas electorales. Un alcalde que termina su mandato no puede postular como primer regidor con la intención de asumir nuevamente la conducción municipal si se produce la salida del titular. Hacerlo significaría utilizar una vía indirecta para conseguir aquello que la Constitución prohíbe expresamente.

El artículo 194 de la Constitución establece que los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo y que no hay reelección inmediata. La disposición no debería prestarse a maniobras destinadas a perpetuar a una autoridad en el poder. La alternancia es un principio democrático que permite renovar liderazgos, evaluar gestiones y evitar que los cargos públicos se conviertan en espacios de permanencia indefinida.

El problema no es solamente jurídico. También es político y ético. Quienes pretenden mantenerse en el poder mediante fórmulas indirectas desconocen que una elección popular no otorga propiedad sobre una municipalidad. Los gobiernos locales pertenecen a los ciudadanos, no a quienes los administran temporalmente.

La posición del JNE debe traducirse en criterios claros, oportunos y uniformes para todas las organizaciones políticas. No puede haber interpretaciones flexibles para determinados candidatos ni decisiones que dependan de la presión política. La autoridad electoral tiene la responsabilidad de garantizar reglas iguales y evitar que las candidaturas se conviertan en instrumentos para perpetuar intereses particulares.

El pronunciamiento se produce en un escenario electoral decisivo, mientras 15 regiones se preparan para una segunda vuelta. La transparencia y la confianza ciudadana exigen instituciones firmes, capaces de hacer cumplir las normas sin excepciones.

La democracia no se fortalece solamente contando votos. También se defiende impidiendo que quienes ya ejercieron el poder manipulen las reglas para continuar gobernando. La reelección encubierta no es una interpretación ingeniosa de la ley: es una distorsión de la voluntad popular que debe ser impedida. lee y corrige sin incrementar la cantidad de líneas