El Niño y la fragilidad energética en el Perú ante emergencia de hidrocarburos
El Niño no puede servir de justificación para improvisar ni para trasladar responsabilidades. La declaratoria debe traducirse en medidas verificables, inversiones oportunas y protocolos de contingencia. Garantizar el abastecimiento energético no es una concesión administrativa: es una obligación del Estado. Lo contrario significaría esperar que ocurra una nueva crisis para recién buscar soluciones.
El Niño y la fragilidad energética
La prevención no puede convertirse en una reacción tardía frente a una emergencia anunciada. El Gobierno declaró en emergencia, por un plazo máximo de ocho meses, las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles en todo el país, ante el riesgo de que el Fenómeno de El Niño 2026-2027 afecte las carreteras y la infraestructura energética. La decisión es necesaria, pero también revela la vulnerabilidad de un sistema que todavía depende de medidas extraordinarias para garantizar servicios esenciales.
La Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM, emitida por el Ministerio de Energía y Minas, comprende toda la cadena de suministro de combustibles, desde la refinación y el almacenamiento hasta la comercialización. El objetivo es evitar que los deslizamientos, inundaciones, interrupciones viales u otros eventos climáticos comprometan la distribución de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP).
Matriz energética e impacto en regiones como Arequipa
La preocupación no es menor. El 67 % de la matriz energética peruana depende del petróleo, gas natural, combustibles líquidos y GLP. Una interrupción prolongada tendría consecuencias que superarían ampliamente el sector energético. Afectaría el transporte de pasajeros y mercancías, la actividad industrial, el comercio, la agricultura y los servicios públicos. En regiones como Arequipa, donde existen poblaciones alejadas y una economía que depende del transporte terrestre, cualquier dificultad en el abastecimiento podría generar mayores costos y desabastecimiento.
Medidas concretas y prevención
Sin embargo, declarar una emergencia no equivale a estar preparados. El país necesita conocer qué acciones concretas se ejecutarán durante estos ocho meses, qué infraestructura será reforzada, cuáles son las rutas alternativas para transportar combustibles y qué reservas estratégicas existen para responder ante una interrupción del suministro.
También corresponde exigir coordinación entre el Gobierno central, las autoridades regionales, las empresas operadoras y los organismos fiscalizadores. No basta con identificar los riesgos cuando las lluvias ya han destruido carreteras o dejado aisladas a determinadas localidades. La planificación debe adelantarse a los daños.
La experiencia de anteriores temporadas de lluvias demuestra que las emergencias suelen encontrar a las instituciones con limitaciones logísticas, presupuestos insuficientes y escasa capacidad de respuesta. Sería irresponsable repetir esa historia con un recurso tan estratégico como los combustibles.
