Por: Carlos Meneses

El gobierno tiene que bien meditar si se decide a declarar una emergencia como la que piden los alcaldes tomando en cuenta la posibilidad de perjudicar las inversiones que pueden conseguirse en el extranjero en favor de la región sur.

El gobierno no se decide a atender la solicitud de los alcaldes arequipeños para que se declare en emergencia o urgencia a la región Arequipa. A eso se suma un pronunciamiento desfavorable de parte de los miembros de la Cámara de Comercio e Industras de Arequipa (CCIA) que estiman que la atención al pedido de los alcaldes tendrá como consecuencia una disminución de ingresos en el sector turismo y en las inversiones.

El gerente general de la CCIA, Broswy Gálvez dijo que la economía está mejorando ligeramente en el primer trimestre, pero que una declaración de emergencia provocaría una baja que afectaría el turismo en forma inmediata.

El mismo Gálvez compartió la opinión del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho para que disminuya la agitación social en los pobladores de la provincia de Islay y, especialmente, de Tambo quienes se oponen a la explotación de Tía María, así como respaldar el proyecto Majes-Siguas II y una matriz energética en la región sur y concretamente en Arequipa.

Mientras la posición empresarial está más o menos definida los alcaldes, sobre todo, de la provincia de Caylloma no cesan de pedir la emergencia.

Ambas opiniones están siendo consideradas por el gobierno central y a ella se adiciona la del gobierno central que no es favorable a la emergencia cuando está haciendo esfuerzos para promover las inversiones, reducir el hacinamiento en cárceles y motivar confianza en los inversores.