Por: Oscar Vizcarra Hidrogo

El país requiere de una serie de reformas para modernizar el Estado, a fin de hacerlo óptimo y eficiente según las necesidades y exigencias que demanda la población.

Por lo tanto, es importante que el Estado determine una estructura organizativa más plana que le permita darle más velocidad en la ejecución de la toma de decisiones y lograr en forma más rápida los objetivos y fines propuestos, eliminando así las trabas burocráticas que obstaculizan sus decisiones.

Las políticas de gestión, deben ser explícitas y las metas cuantificables, para verificar sus cumplimientos y resultados. Para conseguirlo, el Estado debe realizar una reingeniería administrativa en sus procedimientos de gestión, con planes que tengan programas para el desarrollo de las actividades por realizar y el presupuesto adecuado para cada una de ellas, pero estableciendo un control concurrente para que no sucedan imprevistos que alteren los resultados deseados.

En la actualidad, la administración y conducción de los recursos del Estado no solo recaen en el Gobierno central, sino también en los 25 gobiernos regionales y 196 municipalidades provinciales, 1,655 concejos distritales, y 2,534 municipalidades de centros poblados, entre los cuales se distribuyen grandes cantidades de recursos asignados en el presupuesto anual de la República.

También observamos que las regiones y municipios son, de acuerdo con la ley, los principales ejecutores de obras en el país, pero por diversos motivos no logran captar el financiamiento que el Ejecutivo les otorga porque generalmente no cumplen con las exigencias de calidad en sus perfiles o expedientes técnicos y no se ciñen a los perfiles requeridos en el nuevo sistema de inversión pública.

Por tal motivo, al analizar la viabilidad de los proyectos en ciernes nos encontramos con deficiencias advertidas en los estudios, básicamente por plagios, de otros proyectos que con tales características no expresan la realidad de la situación que pretenden solucionar. En este tipo de situaciones, los primeros responsables son los funcionarios que contratan profesionales que no reúnen los perfiles técnicos para asumir tales responsabilidades, con eficiencia requerida, perjudicando a la entidad, pero sobre todo a la población en su conjunto.

Por lo expresado, es importante que el Estado determine una política general y normas de mayor exigencia para la selección y elección de estos profesionales, evitando la contratación de técnicos con base en componendas porque estas constituyen el inicio de la cadena de todos los errores y fracasos en desmedro de la mala o no utilización del presupuesto del Estado.

Hay el gran reto de supervisar la eficiencia y eficacia de la inversión pública, así como la efectividad de la entrega de obras en los plazos indicados. Para ello se deberán tomar medidas adecuadas que permitan mejores controles del uso de los recursos públicos y su adecuada optimización.