Parlamentarios investigados por presunta organización criminal buscan entorpecer la justicia al presentar una denuncia contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, por su decisión de derivar el caso de Patricia Benavides a la fiscal suprema Delia Espinoza.

La congresista Patricia Chirinos, junto con otros legisladores involucrados en la investigación que se sigue a Benavides, han interpuesto una denuncia constitucional contra Villena, solicitando su inhabilitación por 10 años de la función pública. Los parlamentarios acusan al fiscal de presunta infracción constitucional y diversos delitos, entre ellos abuso de autoridad y omisión de funciones.

La denuncia presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales abarca la investigación contra Patricia Benavides a la fiscal suprema Delia Espinoza. Una medida que ha involucrado a 14 congresistas en las diligencias.

Los denunciantes, entre los que se encuentran Patricia Chirinos (Avanza País), Édgar Tello (Bloque Magisterial) y Luis Aragón (Acción Popular). Así como, Luis Cordero Jon Tay (Acción Popular), José Jerí (Somos Perú) e Ilich López (no agrupado). Han solicitado la inhabilitación del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, por un período de 10 años.

Las acusaciones presentadas abarcan una serie de presuntos delitos. Además, lo acusan de cometer los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones. En consecuencia, solicitan su inhabilitación de la función pública por un período de 10 años y su procesamiento penal.

Argumentos desestimados

Los argumentos presentados en la denuncia reflejan una disputa sobre la competencia para llevar a cabo la investigación. Con la defensa de los congresistas insistiendo en que solo el fiscal de la Nación puede investigar a altos funcionarios con prerrogativas de antejuicio político. Sin embargo, estos argumentos fueron desestimados en primera instancia por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien confirmó la competencia de Delia Espinoza para el caso.

La confrontación se intensifica con el envío de un oficio por parte de Villena al presidente del Congreso, solicitando que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se abstenga de dar trámite a la denuncia contra Espinoza. Esta acción ha suscitado una respuesta firme de parte de Soto. Argumentando que obstruir el ejercicio de funciones de una autoridad elegida constituye un delito punible con hasta 4 años de cárcel, según el Código Penal.