Será la segunda ocasión en la que llegarán a la capital para solicitar la declaratoria, a pesar de la oposición del gobernador y grupos empresariales

En un esfuerzo conjunto, al menos diez alcaldes de la provincia de Arequipa han confirmado su viaje a la ciudad de Lima para el día martes 9 de abril. Esto con el propósito de reunirse con la presidenta Dina Boluarte y plantear la necesidad imperiosa de declarar el estado de emergencia ante la creciente ola de delincuencia que afecta a la ciudad.

La convocatoria está prevista para las 4:00 p.m., si bien existe una preocupación palpable de que esta pueda ser reprogramada debido a la coyuntura política que rodea el caso de los relojes Rolex y las joyas asociadas a la mandataria. Es notable la ausencia del gobernador Rohel Sánchez en esta comitiva, el cual se opuso a la medida desde el primer momento. 

Además, se ha revelado que la postura de la Cámara de Comercio de Arequipa, contraria a la declaración de emergencia, ha generado descontento entre los alcaldes. Consideran que mientras estas entidades se oponen, las empresas locales no están contribuyendo lo suficiente para combatir la inseguridad, por ejemplo, con la adquisición de vehículos para la Policía.

La lista de alcaldes interesados en la declaración de emergencia es extensa e incluye a representantes de distritos como José Luis Bustamante y Rivero, Miraflores, Cerro Colorado, Alto Selva Alegre, Paucarpata y Mariano Melgar, entre otros. Cada uno de ellos lleva consigo las preocupaciones y demandas de sus respectivas comunidades, buscando soluciones efectivas y urgentes.

¿Qué se busca con el estado de emergencia?

Además de la solicitud de mayor presupuesto para la Policía, se plantea la activación del laboratorio de criminalística en Umacollo y el funcionamiento de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional en La Joya. También se busca implementar estrategias operativas para desarticular las organizaciones criminales en la ciudad de Arequipa, tomando como ejemplo las acciones realizadas en Trujillo.

Según el alcalde Fredy Zegarra Black de José Luis Bustamante y Rivero, en los últimos años, se ha observado un incremento significativo en el número de delitos reportados, lo que refuerza la urgencia de la situación. En el 2022, se registraron más de 16,500 delitos contra el patrimonio, cifra que aumentó a más de 20,500 en el 2023. La tendencia para el 2024 es aún más alarmante, con un pronóstico de superar las denuncias presentadas al Sistema de Denuncias de la Policía (Sidpol).