Por: Edgard Norberto “Beto” Lajo Paredes

En esta tribuna, con fecha 16/02/24, publicamos: CIUDADANOS: ¡SALVEMOS A NUESTRA REGIÓN AREQUIPA! Escribimos:

“Nuestra Arequipa, viene siendo abatida, simultáneamente, por varios problemas: inseguridad ciudadana, por la criminalidad desatada; corte de agua imprevisto, sin plan de contingencia; rabia canina, ha ocasionado la muerte de una persona; Proyecto Majes Siguas II, congelado varios años; Hospital de Chala, aún no funciona en nivel IV, se inauguró hace seis años; Puente Chilina, está a medias, a nadie le interesa completarla; carretera Arequipa La Joya, faltan puentes, no se sabe cuándo lo harán; Represa del Valle de Tambo, han pasado más de treinta años, muchos proyectos, nada concreto; Sistema Integrado de Transporte (SIT), no culmina; Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), sin aprobarse; crearon el Instituto Municipal de Planificación (IMPLA), no le otorgan lo necesario, ya quieren desactivarlo. Según la Contraloría General de la República, hay 86 obras paralizadas en Arequipa”.

Frente a tales problemas, el Gobierno Regional, Gobierno Municipal Provincial, Universidades, Colegios Profesionales, Partidos Políticos con representación congresal, movimientos regionales presentes en la gestión pública subnacional. No tienen serios planes de gobierno ni alternativas de solución, carecen de cuadros políticos respetables, de equipos técnicos solventes y de respaldo ciudadano activo. El día 29 de abril de 2024, una vez más, se produjo una balacera por inmediaciones del Terminal Terrestre, Terrapuerto y paraderos de camionetas van; resultando, muerta una mujer; al parecer, pugnas por el control absoluto del negocio de la prostitución, incurriendo en el vil delito de la Trata de Personas.

En la zona cero, autopista Arequipa – La Joya, gente armada, ingresó violentamente, en lotes ocupados por muchas personas, efectuando disparos, incendiando casas, quemando un vehículo y destruyendo una olla común; presunto móvil, el tráfico de terrenos; fomentado, directa e indirectamente, por autoridades municipales y regionales, en torno al cual, se organizan mafias inmobiliarias que venden predios, sin ser propietarios, camuflándola con denominaciones diversas: cuotas extraordinarias, colaboración especial, etc.; revenden lotes ya vendidos anteriormente; subastan constancias privadas de posesión; imponen obligaciones: faenas semanales, aportes para pagos de gestión a candidatos, autoridades, funcionarios, prensa, etc.

Los periodistas Roberto Segura Lizárraga (QEPD) y Rosario Paredes Eyzaguirre, el año 2017, publicaron el libro: “Silencios que matan”, en el prefacio, leemos: “Un estado indiferente, sin leyes apropiadas, sin normas ni regulaciones, sin campañas necesarias, para ordenar el sistema de vivienda en el Perú, y con una cara indiferente, punible no ha hecho sino destruir las posibilidades de desarrollo y crecimiento de las grandes urbes peruanas. Antes que ello el Estado ha sido cómplice de una serie de personajes que no han hecho sino sumir en la barbarie a quienes queriendo hacer uso de su derecho constitucional a una vivienda, provocando terribles consecuencias con gravísimas violaciones a los derechos humanos. Ha habido desde violaciones a niños hasta asesinatos y desapariciones y el estado solo se dedicó a espectarlas, pero jamás a combatirlas a quienes eran los protagonistas de semejantes crímenes de lesa humanidad. Ese Estado administrado fundamentalmente por una corruptela de funcionarios que llegaron a sus puestos a través, la mayoría de ellos, de favores políticos, o de lazos familiares, y por políticos, con una bajísima formación doctrinal, carente de planes y programas, no hicieron sino aliarse, con el nuevo negocio de la industria del crimen: EL TRAFICO DE TERRENOS” (p. 8). “Silencios que matan es el título de este libro, que a través de una investigación periodística y social intenta demostrar el Cómo hay centenares de autoridades responsables de decenas de desaparecidos, de docenas de muertos, de cientos de violaciones, de un esclavismo al que han sido sometidos millones de personas.” (p.9).

Agregamos el libro: “Las economías criminales y su impacto en el Perú ¿cuáles?, ¿cuánto?, ¿dónde?, ¿cómo?” de Ricardo Valdés, Carlos Basombrío, Dante Vera. Sobre la tala ilegal de madera, contrabando, trata de personas, minería ilegal, tráfico de terrenos, tráfico ilícito de drogas, pesca ilegal, piratería, tráfico de flora y fauna silvestre.

Las economías ilegales, existen, porque el Sector Público, lo permitió; el Sector Privado, lo negoció; y la Sociedad Civil, lo acogió. No lo nieguen cínicamente, más bien, asúmanlo autocríticamente, y decidan deslindar de ellas.