Boluarte se enfrenta a una demanda por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Pena Internacional. Composición.

Antes de la anunciada demanda que el exrepresentante del Perú ante la OEA Harold Forsyth advirtió, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) ya había iniciado las diligencias respectivas para llevar a la presidenta Dina Boluarte ante los fueros de Justicia Internacional.  La Corte Penal Internacional (CPI) ya ha programado una audiencia en la que se espera que ambas organizaciones sustenten la demanda planteada en contra de la mandataria por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

La solicitud de ambas organizaciones sociales está basada en la comisión de los presuntos delitos de homicidio calificado que pesan contra la presidenta Dina Boluarte tras el asesinato de 49 ciudadanos peruanos en diferentes regiones del país que murieron durante los primeros meses de Gobierno de Boluarte en contextos de conflicto social. Como se sabe, las indagaciones posteriores respecto a cada uno de estos fallecimientos develaron como responsables a efectivos del Ejército del Perú, pertenecientes a las Fuerzas Armadas; además de los miembros de la PNP.

Como consecuencia de esta iniciativa, la Corte Penal Internacional ha fijado ya una fecha clave para que ambas organizaciones sustenten el requerimiento, la cual es el 25 de junio. Sin embargo, según lo detallado por la abogada Gloria Cano para Infobae Perú, la manera de sustentar este documento será mediante la elaboración de una demanda; la misma que ya se encuentra a punto de ser culminada y en la que se agregarán por escrito los hechos de coyuntura de la crisis política y las acciones del Congreso de blindaje a la mandataria.

En conversación con la abogada de Aprodeh para Infobae perú, el proceso es riguroso, pero constituye una manera más de que el Legislativo no garantice impunidad en contra de la Jefa de Estado, teniendo en cuenta que varios de los casos por los asesinatos en regiones como Ayacucho, Puno, Apurímac y Cusco ya están por pasar o ya han pasado a la etapa de investigación preparatoria. Una etapa intermedia en la que la Fiscalía de la Nación determina que existen hechos suficientes para que se postule la presunta comisión de un delito.