El exjuez supremo César Hinostroza insistió en su pedido ante el Poder Judicial para que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva por 36 meses que se le impuso por el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’. 

Hinostroza Pariachi apeló la resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley el último 25 de junio en la que declaró infundada dicha solicitud que presentó dentro de este caso.

César Hinostroza demanda que la instancia suprema correspondiente ordene la nulidad y/o revoque la resolución emitida por dicho magistrado y reformándola disponga el cese del mandato de prisión preventiva.

Ante ello, Checkley Soria resolvió el último 9 de julio «conceder» este recurso de apelación y remitirlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia que si lo admite a trámite deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes involucradas a fin de emitir un veredicto definitivo al respecto.

El magistrado también comunicó a dicha sala suprema que César Hinostroza está apersonado para ejercer su autodefensa dentro de este caso.

El exmagistrado supremo solicita que el mandato de prisión preventiva sea sustituido por una comparecencia simple en atención al «desvanecimiento o inexistencia» del primer presupuesto material de la prisión preventiva, que esta referido a la presencia de graves y fundados elementos de convicción en su contra dentro de este caso.

El último 22 de junio se conoció que el juez supremo Juan Carlos Checkley inició los trámites para solicitar al Reino de Bélgica que apruebe la extradición de César Hinostroza, tras haber fugado de nuestro país por la frontera norte el 7 de octubre del 2018 incumpliendo la orden de impedimento de salida del país que se había dictado en su contra. 

Según el Ministerio Público, César Hinostroza dirigió la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’ con el fin de cometer delitos y designar «magistrados amigos» para conseguir prebendas y beneficios económicos

La Fiscalía indica que está organización estaba integrada por magistrados, empresarios y funcionarios judiciales y se les acusa, entre otros cargos, de vender sentencias y favores.