Por Jorge Turpo Rivas

La Contraloría halló irregularidades en la compra de caudalímetros valorizados en cerca de medio millón de soles. Hasta el momento no completan la designación de los nuevos miembros del directorio.

EL 30% DE LA PRODUCCIÓN NO ES COBRADA

Uno de los indicadores que refleja el mal manejo gerencial de Sedapar es el agua no facturada. La empresa invierte dinero para producir agua potable en sus dos plantas de tratamiento, pero según cifras oficiales no factura el 30%. Es decir, tres de cada diez litros de agua que produce la empresa no los cobra. Literalmente, esa inversión de Sedapar se va al agua.

Pero el problema no queda allí. Resulta que la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades en el proceso de licitación para adquirir cinco caudalímetros ultrasónicos portátiles para el proyecto: Mejoramiento del sistema de reducción de pérdidas y uso eficiente del agua en Arequipa metropolitana.

Con esos equipos la empresa esperaba empezar a tomar medidas para reducir el porcentaje de agua no facturada, pero todo está ensombrecido por una serie de situaciones adversas.

El órgano de control emitió el Informe N° 020-2024, al que El Pueblo tuvo acceso, donde indica que la buena pro se otorgó a la empresa Industrias Triveca SAC el pasado 2 de abril por un monto de 479 mil soles.

El plazo de entrega venció el uno de julio pasado y fue allí donde el personal de la Contraloría fue al almacén de la Gerencia de Operaciones para verificar si la empresa contratista cumplió o no el contrato.

Grande fue la sorpresa del personal de Contraloría cuando verificaron que se entregaron los cinco caudalímetros, pero sólo uno tenía el cargador de batería que le permite su funcionamiento.

Al consultar al personal de Sedapar sobre la recepción irregular de los bienes, la jefa del Departamento de Control Operacional, dice el informe, les indicó que no firmarían la guía de remisión hasta que la contratista cumpla con entregar la totalidad de los equipos.

“No obstante, los bienes fueron recepcionados el 1 de julio de 2024, por el almacenero, tal como figura en la guía de remisión, a pesar de consignar que falta entregar cuatro cargadores, cuando el plazo de entrega, según el contrato, era el 1 de julio”, señala el informe.

Ante esta situación, la Contraloría advierte que existe el riesgo de que los equipos portátiles no cuenten con el tiempo de vida útil programado.

“La duración mínima requerida de la batería interna es de 10 días, por lo que necesita contar con 10 días adicionales de autonomía de la batería externa para lo cual es necesario los cargadores para cada batería, teniendo en cuenta que al ser equipos portátiles pueden ser dispuestos en diferentes sedes de la entidad”, precisa la Contraloría.

Otra irregularidad hallada por el órgano de control es la falta de entrega de fichas técnicas para la recepción de los dataloggers, lo cual genera el riesgo de no poder verificar que los equipos cuenten con las especificaciones técnicas mínimas.

El dataloggers es un dispositivo que procesa la información generada por el caudalímetro para ser enviada a través de internet mediante comunicación móvil al usuario final.

Otro hallazgo importante es que los caudalímetros ultrasónicos portátiles no acreditarían contar con las especificaciones técnicas mínimas, generando el riesgo de afectar el registro total de las mediciones de caudal y volumen para el cálculo de las aguas no facturadas y por ende el objetivo de la adquisición.

“La memoria interna está limitada a 4MB, al no acreditarse que cuente con 100 mil registros mínimos, según las especificaciones técnicas de las bases integradas del procedimiento de selección, el equipo podría no tener la suficiente memoria para almacenar la información”, precisa el documento.

Por último, el informe revela que no se hicieron las pruebas para comprobar la autonomía de los caudalímetros ultrasónicos portátiles, lo cual genera el riesgo de que los equipos no tengan las especificaciones técnicas mínimas, afectando el objetivo de la adquisición.

Según lo corroborado por la Contraloría sólo se probó e hizo pruebas a uno de los cinco caudalímetros adquiridos.

La Contraloría comunicó todos estos hechos al presidente del directorio de Sedapar, Armando Llaza Loayza, y le dio cinco días de plazo para responder sobre las medidas adoptadas.

De esta manera, Sedapar seguirá con dificultades para reducir el porcentaje del agua potable no facturada.