El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó algún tipo de represalia en contra del coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Harvey Colchado, a quien se le abrió un procedimiento policial de baja en el servicio.

«Quiero descartar de manera categórica su expresión en el sentido que los procedimientos administrativos y disciplinarios que se hayan podido haber iniciado institucionalmente contra la persona que se ha referido puedan constituir actos de represalia por parte de la presidenta de la República», manifestó.

En conferencia de prensa, tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, precisó que la mandataria «no interviene, en modo alguno, en los procedimientos administrativos en ninguna de las entidades del sector público». 

«En segundo lugar, la Policía Nacional del Perú, a la que pertenece el coronel que usted ha mencionado, tendrá en algún momento que dar explicaciones de las razones por las que se inició este procedimiento y las conclusiones del mismo», sostuvo. 

«En tanto, a mi me corresponde rechazar de forma categórica que la presidenta tenga que ver en algún acto concerniente a esta situación y menos que pueda constituir un acto de represalia de parte suya», agregó.

Como se recuerda, Harvey Colchado se desempeñaba como jefe de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y fue quien dirigió el allanamiento a la vivienda de la mandataria.

LESA HUMANIDAD

De otro lado, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, consultado sobre la ley que precisa los alcances de la lesa humanidad, dijo que se trató de una norma promulgada por el Congreso de la República.

Explicó que el Ejecutivo respeta la posiciones en contra de la ley expresadas por diversas instituciones e indicó que existen mecanismos constitucionales para cuestionar su constitucionalidad.

«Desde el gobierno estaremos al margen porque será objeto de una demanda de inconstitucionalidad, corresponderá al Congreso responder desde su procuraduría», afirmó.