Por Miguel Rodríguez Sosa

Es muy importante resaltar que la situación objetiva de la actual amenaza criminal se refleja en la llamada “percepción de inseguridad” o “percepción de desprotección” que muestra la población peruana ante la actuación del Estado.

La percepción social generada por los medios de comunicación y las redes sociales forma corrientes de opinión pública y es esa opinión pública la que, a su vez, forma los juicios de la sociedad sobre la actuación del Estado. Veamos los hechos.

El día 15 de octubre los padres de familia con hijos en el centro educativo de Lima donde un sicario había asesinado a disparos a un docente enfrente de los alumnos, gritaban «¡No se ven los policías y los militares en las calles!», «¡Los criminales matan y el gobierno no hace nada para protegernos!». Así ha quedado registrado por la TV, las redes sociales y la prensa escrita.

Son clamores de la población que se percibe desprotegida por el Estado frente a la amenaza criminal que escala y lo hará si esa población sigue creyendo que el Estado -principalmente el gobierno- sigue enfrentando la amenaza con la tibieza de ahora, y cree que va a aumentar la violencia. Eso es absolutamente previsible, pero lo más gravitante es el aumento de la percepción social de desprotección.

La población pide acciones contundentes que cambien la percepción de inseguridad que vive y sufre. Para esa población que se nutre de emociones generadas por noticias y opiniones en medios de prensa y redes sociales, la percepción de los hechos y no los hechos mismos es lo que cuenta. Y los políticos en el poder no alcanzan a comprender la importancia de la percepción que moviliza temores y reprobaciones.

Por eso es de la mayor importancia y urgencia generar percepciones diferentes que resulten innegables por su difusión. Principalmente generar la percepción de que desde el Estado se adoptan acciones de extrema energía para combatir la criminalidad. La única manera de conseguirlo -de cambiar la actual percepción social- es creando una diferente y antagónica. La que puede producir de manera inmediata la realización de mega-operativos, redadas policiales, focalizadas con cerco militar y detenciones cuyos intervenidos sean recluidos bajo control militar en esos cuarteles sub-utilizados de las FF.AA. Para eso debe servir el “estado de emergencia”.

Con absoluta seguridad, en medios de prensa y redes sociales, la espectacularidad de esas operaciones va a cambiar la percepción de desprotección social en la población tan afecta a los espectáculos y también con seguridad serán muy efectivas combatiendo la amenaza criminal.

Pero el impulso a la generación de una nueva y distinta percepción social, que no sea de la desprotección ante la inseguridad, sino de la satisfacción por la actuación estatal y sobre todo del Ejecutivo, exige un nivel de resolución, coraje y energía que el gobierno parece no poseer. Estas deficiencias son razones esenciales de la falta de fuerza y rigor extremo que ahora son imperativos para combatir la amenaza criminal, por lo que no consiguen remontar los temores sociales y, desde luego, abonan a favor de la desaprobación del mandato de la presidente Boluarte.

Por boca del PCM Gustavo Adrianzén el gobierno ha afirmado que “no va a escatimar ningún esfuerzo ni dejar de hacer lo que sea necesario para combatir la criminalidad en el país”. Y que, aunque se ha redoblado el patrullaje policial con apoyo de las FF.AA. en distritos bajo estado de emergencia, “estamos seguros que se necesita más”.

Pero no se conoce de alguna decisión ejecutiva al respecto. Porque no es solamente que se necesita más, si no que la PNP no cuenta siquiera con el mínimo de recursos para combatir la amenaza criminal. Así lo ha señalado el Mininter revelando que cerca del 44% de la flota vehicular de la PNP se encuentra inoperativa o es chatarra. La PNP adolece de presupuesto para actividades de inteligencia operativa, pero el gobierno aumenta recursos económicos a la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia), donde con seguridad se van a desperdiciar como hace ya tantos años. Es alarmantemente notorio que el SINA (Sistema de Inteligencia Nacional) no muestra algún aporte valioso enfrentando la amenaza criminal contra la seguridad nacional.

Los desaciertos del gobierno en dirigir la lucha contra la gravísima amenaza criminal se suceden cada día. No sirve, para nada, decir como el PCM Adrianzén: “son buenos los resultados, pero no los mejores ni los que estamos esperando”, tampoco con informar: “debemos poner más policías en las calles, más miembros de las Fuerzas Armadas, eso es algo que también estamos evaluando”.

Importa mucho hacer un balance crítico de actuaciones y declaraciones desde el gobierno. A partir de esas, lo que se puede aseverar es que la acción que ha dispuesto para combatir la amenaza criminal es demorada e insuficiente y carece de la capacidad de decisión proactiva para enfrentar esa amenaza, porque “está evaluando” si se debe extender el estado de emergencia -que no aporta un valor significativo- y “está evaluando” la necesidad de que las FF.AA. asuman el control del orden interno ante la amenaza criminal, que no es contra esa entelequia caviar de “seguridad ciudadana” sino contra la seguridad nacional.

Entre tanto, es clarísimo que el “estado de emergencia” se ha desvirtuado totalmente como acción coercitiva del Estado contra la criminalidad. No sirve, para nada, porque no se materializa en otorgar a las fuerzas de seguridad, PNP y FF.AA., los recursos, el poder de intervención y el respaldo legal de defensa, que son absolutamente necesarios para combatir la amenaza criminal.

Para que el estado de emergencia sea realmente efectivo no se trata de evaluar sino de decidir y disponer la ejecución inmediata de medidas que a nivel global son un estándar, como las siguientes.

La asignación extraordinaria de recursos económicos y logísticos a la PNP para actividades de “inteligencia operativa” que combina la inteligencia y la investigación del delito superando la torpe compartimentación de ambas líneas de actividad funcional.

La activación de planes operacionales en el nivel de CC.FF.AA. para la intervención conjunta de PNP y FF.AA., aprovechando que el estado de excepción habilita la suspensión de las garantías constitucionales de inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito y libertad de reunión. Las detenciones efectuadas por la PNP bajo dicho régimen proceden sin la previa autorización judicial.

La intervención de efectivos de investigaciones PNP con sorpresa en lugares identificados por inteligencia como “refugios o búnkeres” de grupos criminales o zonas circunscritas de alta incidencia criminal, acompañados de fuerzas tácticas de la PNP (SUAT, Dinoes) para neutralizar la reacción violenta de los criminales, colaboradores y agentes sospechosos. El allanamiento de domicilios familiares o comerciales, etc., procede de manera sistemática y en continuidad por el tiempo que sea necesario.

Los efectivos de las FF.AA. en apoyo de las operaciones policiales establecen el cerco de las zonas puntuales de intervención, controlando el área territorial intervenida en el terreno y con empleo de tecnología (cámaras de video-vigilancia, drones), haciendo también el control de población en el acceso a la zona de intervención.

Un número de efectivos PNP realiza la identificación, intervención y detención de individuos en los accesos a las zonas de intervención, bajo la protección armada de efectivos de las FF.AA. que cuentan con sus respectivos asesores jurídico-operacionales. En esta ocurrencia, la presencia de fiscales del Ministerio Público es optativa e innecesaria al amparo de la nueva ley que habilita a la PNP iniciar el proceso de la investigación criminal, más todavía porque cualquier oposición activa de intervenidos será considerada acto flagrante de resistencia a la autoridad.

Los planes operativos y las órdenes de operaciones autorizan con precisión el empleo de la fuerza con uso reglamentario de las armas de los efectivos PNP y FF.AA. en la intervención, bajo el supuesto legal vigente de la legítima defensa ante actos de hostilidad. Al respecto, la ley vigente prescribe que el efectivo policial (o militar) que hace uso reglamentario de su arma de fuego defendiéndose de un ataque está eximido de responsabilidad penal. Hoy en día esta ley no se cumple por la arbitrariedad de fiscales y jueces que imputan delitos, investigan, enjuician y encarcelan a policías, al extremo que hoy en día hay 329 efectivos PNP con mandato de detención preliminar o de prisión preventiva bajo una de estas condiciones desmoralizadoras.

Desde luego, el gobierno debe estrechar relación con la mayoría del Congreso para presionar al Poder Judicial y al Ministerio Público actuando a favor de los efectivos de las fuerzas de seguridad que enfrentan a criminales armados, lo que requiere una campaña de información y operaciones sicológicas que además sensibilice a la población. En paralelo, el gobierno debe exigir al Congreso la dación de la norma legal en proceso que fiscaliza a las oenegés que desvían recursos económicos del exterior para actividades políticas disruptivas con el pretexto de “defensa de los DD.HH.”.

Pero hasta hoy, en ningún caso, las operaciones de la PNP con apoyo de las FF.AA. en el marco del “estado de emergencia” se han desarrollado considerando estas previsiones absolutamente necesarias. La actuación de la PNP, sin esa integralidad sistemática, es sólo efectista, no efectiva, y la presencia militar es puramente decorativa.

La notoria incapacidad para enfrentar con resolución y energía el desafío a la seguridad nacional generado por la criminalidad, es indudable y sucede porque este gobierno muestra todas las señales de una lenta pero segura implosión. Si no puede garantizar la seguridad de la ciudadanía y de la gobernabilidad, es que está actuando por debajo de su eficiencia mínima, lo que representa un grave problema para el futuro inmediato del país.

Mientras tanto y para peor, en el ámbito legislativo las iniciativas y proyectos legales para la lucha contra la amenaza criminal permanecen estancados en el proceso inconcluso y demorado de expedir normas penales apropiadas y efectivas para enfrentar la amenaza; y hay un bloqueo de la acción parlamentaria causado por el debate interno acerca del absurdo “terrorismo urbano” que se quiere legislar por demanda del gobierno.