La congresista de Perú Libre, María Agüero, habría recortado el sueldo a 12 trabajadores parlamentarios -entre miembros de su despacho y otras oficinas bajo su dirección- en beneficio suyo, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía que la investiga por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. Así lo establece la resolución judicial que autorizó el allanamiento de sus oficinas y viviendas realizado el martes.

El documento judicial, que recoge los argumentos de la Fiscalía, señala que Agüero habría obligado a los trabajadores a que entreguen parte de sus haberes mensuales durante el periodo de junio de 2022 a mayo de 2023. Aunque tampoco descarta que esta práctica se habría llevado a cabo desde julio de 2021, cuando la parlamentaria de Perú Libre inició su actividad legislativa.  

La resolución indica que, además de los 12 trabajadores mencionados, habría otros servidores afectados aún por identificar, a quienes «se les habría viciado sus voluntades, induciéndolos y/o obligándolos a entregar parte de sus haberes» a través de cuentas bancarias de dos asesores de la congresista, César Alexis de la Cruz Canales y Edson Flores Valencia.  

Según el documento citado por El Comercio estos asesores habrían recolectado en sus cuentas al menos S/ 72 107 en beneficio de Agüero y da cuenta de una transferencia interbancaria de S/ 29 000 realizada por De La Cruz a la cuenta de la parlamentaria el último 26 de abril.

La Fiscalía de la Nación realizó un operativo de allanamiento en cuatro inmuebles vinculados a la congresista María Agüero. Uno de ellos ubicado en el distrito limeño de Breña, así como dos oficinas parlamentarias, una en Lima y otra en Arequipa, y un predio rural en la Ciudad Blanca.