Por: Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad

PERÚ COMPETITIVIDAD

La inversión privada ha sido un pilar fundamental para el crecimiento económico del Perú, reduciendo la pobreza y contribuyendo al desarrollo general del país (BBVA Research, 2021). No obstante, en los últimos años, ha sufrido una fuerte desaceleración y volatilidad. En 2023, presentó una caída de -7,3%, siendo la inversión minera, la que representa una parte significativa de esta inversión, la que tuvo el mayor deterioro con un -13,7%. Así, según datos del Ministerio de Energía y Minas, la inversión minera en 2023 solo representa un poco más de la mitad de la inversión registrada en 2013, lo que revela la urgencia de tomar medidas para revitalizar este sector clave.

La importancia de la minería radica en su capacidad de generar un impacto económico positivo en el país. Los efectos de la actividad minera se observan a través de dos canales de transmisión. El canal público impacta a través del gasto público; el canal privado se traduce en un mayor consumo, inversión y servicios privados (Macroconsult, 2021; Maldonado y Ardanaza, 2023). Sin embargo, el Perú ha experimentado un descenso notable en el Índice de Atracción de Inversiones Mineras, perdiendo más de 40 puestos entre 2018 y 2023. Esta caída está explicada por la reducción de 45% en el índice de percepción política, siendo los factores principales detrás de este retroceso son la tramitología y la creciente conflictividad social.

En cuanto a la tramitología, los plazos de aprobación de los trámites mineros pueden llegar a triplicar el plazo legal. Los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d), las Modificaciones del EIA (MEIA-d) y los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) están tomando alrededor de cuatro años en ser aprobados, retrasando los proyectos y reduciendo la competitividad del Perú como destino de inversión. Por otro lado, respecto a la conflictividad social, se observa que aquellas regiones con el mayor número de proyectos mineros en cartera 2024 (Apurímac, Cajamarca, Áncash, Arequipa y Moquegua) se caracterizan por concentrar más del 35% de los conflictos mineros registrados a agosto de 2024. De hecho, entre 2021 y 2023, estos conflictos generaron pérdidas de S/6991 millones en el PBI y de S/1791 millones en recaudación fiscal (SNMPE, 2023).

Para hacer frente a estos desafíos, es necesario una mejora en el otorgamiento de tramitología minera. La reciente actualización del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, a través de su medida de política 6.8, apunta a implementar una plataforma del sector minero para gestionar los permisos y autorizaciones, así como involucrar la simplificación de procedimiento administrativos. Por tanto, es de suma importancia dar un seguimiento constante a la aprobación de las regulaciones que definan los métodos y procesos necesarios para activar los mecanismos que permitan la implementación efectiva.

De igual manera, es prioritaria la creación de una unidad de seguimiento independiente que monitoree los compromisos derivados de conflictos sociales y facilite su cumplimiento, anticipándose a potenciales conflictos, ya que la actuación efectiva y anticipada a los conflictos facilitará la ejecución de proyectos mineros.

Asimismo, es esencial fortalecer la inversión pública en sectores críticos como educación, salud, saneamiento y transporte. Para ello, se plantea asignar proyectos a unidades ejecutoras especializadas que puedan gestionar recursos de manera eficiente y ejecutar proyectos de alto impacto en caso de que los gobiernos locales no logren hacerlo. Este tipo de inversión ayudará a reducir las brechas sociales y brindará a las regiones mineras un entorno más favorable para el desarrollo.