El pasado marzo, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la legisladora Rosio Torres Salinas por el presunto delito de concusión por cobros presuntamente indebidos a personal de su despacho congresal.

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que autorice levantar el secreto de las comunicaciones de la legisladora Rosio Torres, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), investigada por un presunto recorte de salarios a trabajadores de su despacho congresal.

El pedido fue hecho el último 15 de octubre por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, que tiene a su cargo la investigación.

Dicha instancia fiscal también solicitó al Poder Judicial que autorice levantar el secreto de las comunicaciones de Nathalie Flor Rubio Yllatopa, implicada en esta investigación.

La Fiscalía de la Nación requiere el levantamiento del secreto de las comunicaciones de estas personas, en la forma de intervención de las comunicaciones históricas, respecto al periodo comprendido del 2 al 10 de abril del 2022.

Al respecto, la legisladora Rosio Torres presentó un escrito el último 24 de octubre en el que formula oposición al pedido de la Fiscalía de la Nación, mientras que Nathali Rubio presentó un escrito el último 22 de octubre en el que comunica que se allana al requerimiento fiscal.

Ante ello, el juez supremo Juan Carlos Checkley programó para el martes 17 de diciembre a las 10 de la mañana una audiencia virtual «privada» para evaluar dicho requerimiento fiscal con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión al respecto.