Por:  Silvana Pareja

El Perú atraviesa una de las coyunturas políticas más convulsionadas de su historia contemporánea. A pesar de destacarse como un modelo de buen desempeño macroeconómico en la región, el panorama político nacional está marcado por una profunda inestabilidad y arraigados problemas de corrupción. En las últimas décadas, al menos cinco expresidentes han enfrentado procesos judiciales por delitos relacionados con corrupción, lo que ha generado un clima de desconfianza generalizada en las instituciones y una crisis social que compromete el desarrollo del país. Esta situación llegó a un punto crítico con la destitución de Pedro Castillo, quien intentó un fallido golpe de Estado antes de ser reemplazado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.

La llegada de Boluarte al poder no ha estado exenta de controversias. Su gobierno comenzó en un contexto de polarización extrema, enfrentándose tanto a sectores radicales asociados al legado de Sendero Luminoso como a grupos políticos tradicionales que históricamente han usufructuado del poder. En este escenario, su liderazgo no representa una solución ideal. Sin embargo, se presenta como una necesidad para evitar el retorno a alternativas políticas más extremistas o desestabilizadoras. Esta situación refleja la aplicación del principio del “mal menor”, ​​sintetizado en el origen latín De duobus malis, minus est semper eligendum .

Esta máxima, que se traduce como «De dos males, siempre se debe elegir el menor», tiene su origen en el Libro II de la Ética Nicomáquea de Aristóteles. Según este principio, cuando no es posible optar por una solución óptima, se debe elegir la alternativa que cause el menor daño posible. A lo largo de la historia, este enfoque ha guiado decisiones políticas y éticas en situaciones de crisis y dilemas complejos.

En el caso peruano, este principio encuentra plena vigencia en la aceptación del liderazgo de Boluarte. Si bien su gestión no es vista como una solución de largo plazo, se percibe como una medida transitoria que garantiza cierta estabilidad institucional frente a escenarios potencialmente más peligrosos. Este fenómeno no es exclusivo del Perú. En otros momentos históricos, la política del mal menor ha sido aplicada como estrategia pragmática. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill fue elegido para liderar al Reino Unido contra la amenaza nazi, pese a ser una figura divisiva en tiempos de paz. Asimismo, durante la Guerra Fría, muchas potencias occidentales respaldan a gobiernos autoritarios en América Latina como un medio para contener la expansión del comunismo.

En el contexto actual, Dina Boluarte ha logrado cortar el “cordón comunista” que caracterizó la administración de Castillo, devolviendo al Perú una oportunidad para recuperar plenamente su democracia en las elecciones previstas para 2026. Aunque su gobierno no está exento de críticas, ha permitido mantener una estabilidad frágil que resulta preferible a la incertidumbre que implicaría un vacío de poder o el ascenso de alternativas populistas y radicales.

No obstante, la política del mal menor debe ser entendida como una solución temporal, no como una estrategia sostenida. La historia reciente del Perú, caracterizada por escándalos de corrupción y una fragilidad institucional persistente, pone de manifiesto la necesidad de reformas profundas que restauren la confianza ciudadana y fortalezcan la democracia. No basta con evitar lo peor; es imperativo construir un sistema político que aborde los problemas estructurales y represente genuinamente los intereses del pueblo.

En conclusión, la presidencia de Dina Boluarte ilustra una aplicación contemporánea del principio aristotélico del mal menor. Aunque su liderazgo no responde al ideal democrático, constituye la opción más viable en una coyuntura marcada por riesgos de retrocesos extremistas. Sin embargo, esta estabilidad transitoria debe transformarse en una oportunidad para implementar cambios que fortalezcan la institucionalidad y garanticen un futuro político más estable y democrático. Sólo a través de un compromiso real con la reforma y el progreso se podrá superar la lógica del mal menor y avanzar hacia un modelo de gobernanza que inspire confianza y esperanza en la ciudadanía peruana.