Por Guillermo De Vivanco

No basta con que el Tribunal Constitucional ordene la libertad del general Juan Rivero Lazo por exceso de carcelería, pues como bien aclara la resolución, la pena de 25 años concluyó el pasado 9 de octubre. Al día que escribo esta nota, el General Rivero lleva 70 días privado de su libertad contra su voluntad. En buen castellano se encuentra secuestrado (sin comillas) por un sistema judicial absolutamente ideologizado. ¿Quiénes van a responder por este delito ? Las tesis del “Dominio del Hecho” que se basan en la posición jerárquica del inculpado respecto a sus subordinados facilitó la acusación fiscal, ya que no obliga a presentar medios probatorios específicos para fundamentar una conducta delictiva. A lo largo del juicio no hubo una sola persona que lo sindicara como responsable. Entonces fue condenado con la misma tesis que sirvió para condenar al presidente Fujimori, con el agravante de que se le aplicó la pena por un delito inexistente al momento de los hechos (lesa humanidad). 

Sin embargo este caso emblemático de abuso de poder y de prevaricato tiene como protagonistas a la oenegé IDL, la misma que, como denuncia Marietta Rivero (hija del general) abordó a su padre prometiéndole liberarlo a cambio que incrimine a Fujimori como promotor de grupos paramilitares y reconozca que los hechos aislados de La Cantuta y Barrios Altos respondían a una política de Estado, advirtiéndole que no colaborar le significaría una carcelería prolongada. Una extorsión reiterativa de esta ONG, verdadera mafia caviar enquistada en las fiscalías. El copamiento del Poder Judicial está probado, y es el mayor riesgo para la paz social. Se debería llevar un registro de las sentencias de jueces cuyas resoluciones son reiteradamente rechazadas por las instancias superiores, pues si bien pueden corregir errores garrafales, el daño que causan puede ser irreparable.

Lo que hemos vivido los peruanos bajo los gobiernos de Izquierda no debe de quedar impune, los responsables del secuestro del general Rivero deben ser procesados por prevaricato. No solo los delitos de corrupción deben ser severamente castigados y encarcelados los empresarios corruptos sino todo funcionario o juez que permitió por acción u omisión el secretismo, el copamiento del poder, la apología a la violencia, la destrucción del equilibrio de poderes, la muerte de miles de peruanos a raíz del covid y la infame resolución del TC declarando la validez de la “denegación fáctica” con que el impresentable de Vizcarra y su esbirro Del Solar cerró a patadas el Congreso. 

El país se ha fragmentado y es un riesgo latente el piloto automático. El Congreso acaba de habilitar a terroristas o delincuentes a postular en las próximas elecciones. No nos lamentemos si no supimos defender la libertad.