Por: Cecilia Bákula – El Montonero

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No pasa una semana –quizá ni pocos días– en que no tengamos alguna novedad –del todo negativa, por cierto– de quien dice ostentar la más alta magistratura del país. En días recientes el tema de la tesis (a la que no deberíamos llamar así) ha vuelto a salir a luz y se ha puesto sobre el tapete una serie de elementos a tener en cuenta sobre este asunto.

Ya no solo importa el falaz contenido, ni la fecha, ni la dedicatoria fuera de tiempo, sino lo que ha señalado la propia universidad César Vallejo que, “a nombre de la nación” –es decir, en nombre de todos nosotros y con el respaldo de toda nuestra institucionalidad e historia– la reconoció como válida y extendió un título a quienes no correspondía y por méritos inexistentes. Es decir, actuó con falsedad plena y con no poca voluntad de asumir como verdadero lo que no lo era.

Es muy preocupante que una institución universitaria –es decir, una entidad del más alto nivel académico– haya expresado inicialmente que sobre la tesis en cuestión haya afirmado que “mantiene aportes de originalidad”. ¡Cómo no, por lo menos los nombres de los pseudos autores! Poco a poco –y ante la inmensa cantidad de muestras de plagio, copia, falta de rigor académico, inconsistencia y otros detalles en la tan mencionada tesis– la propia universidad ha tenido que admitir que hay un grotesco 86% de copia/plagio, tan solo en la parte de propuesta teórica de la pretendida investigación. Y que del resto solo se puede esperar porcentajes similares.

Nuestra legislación es muy clara y precisa respecto a lo que se identifica como plagio. Y las entidades universitarias que se precian de serlo, son muy rigurosas desde los primeros momentos de formación académica, y sancionan drástica y radicalmente a los alumnos que infringen esas buenas prácticas que se les exige. En este momento, ya poco importa si la tesis tiene 1% de originalidad porque ni es tesis, ni es original.

Me parece que es indispensable asumir la gravedad de esta situación. No solo por la mentira encubierta y ahora conocida, sino por la debilidad del sistema universitario. ¿Cómo es posible que la Sunedu no intervenga a la Universidad César Vallejo (UCV)? ¿Qué espera la Sunedu para retirar y desconocer el título académico que se otorgó e inscribió mediante sistemas de plagio y suplantación?

La UCV ha expresado que desde hace ya varios años cuenta con acceso al programa Turnitin; si así fuera, parece que no lo utilizara. Pero lo grave está en que el trabajo supuestamente desarrollado, no pasó por filtro alguno y escamoteó la indispensable participación de los asesores, de quienes están en la obligación de acompañar en el proceso de desarrollo de la investigación y dar fe de que el contenido y sustento son novedosos, aportan como resultado de la investigación y se fundamentan en formas académicas ciertas y contundentes. Estamos frente a un delito que involucra a varias personas y niveles de nuestra sociedad.

Y hay, a mi criterio, un problema adicional que involucra y afecta a los propios alumnos y exalumnos de la UCV. Todos son ahora motivo de recelo y muchos de ellos –quizá serios y empeñosos estudiantes– se ven como parte de una entidad que no ha dado la talla y que han recibido títulos que ahora, están gravemente desprestigiados. No es un secreto para nadie que hoy un diploma o título de esa universidad puede generar sospechas y desconfianza; cuando menos una sonrisa algo despectiva y una postergación en la posibilidad de acceso laboral. Se trata de una inmensa población estudiantil cuyas esperanzas de futuro, de progreso y de estudio académico, se ven en algo –o mucho– manchadas por la mala acción de quien tenía la obligación de ser vigilante. Ellos tendrían derecho a exigir retribución por daños, aunque lo que se les ha dañado ya parece irreversible.

Estos hechos, ampliamente demostrados, han puesto a la Sunedu en jaque.