— Redacción Diario El Pueblo —

Iniciativa del Gobierno busca sancionar con prisión a quienes filtren información de investigaciones.

Ataque a la libertad de prensa:

El Gobierno presentó al Congreso de la República el proyecto de ley que sanciona la difusión de información reservada en la investigación penal, conocido como ley mordaza. La iniciativa establece que cualquiera de las partes comprendidas en una investigación fiscal que difunda información reservada, será sancionado con pena privativa de la libertad.

Semanas atrás, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que presentarían ante el Congreso el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal sobre casos penales. El titular de la PCM sostuvo que se debe evitar esa divulgación de información reservada y precisó que la sanción sería de cuatro años de prisión.

«Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es publico y no hay reserva», informó en conferencia de prensa.

«Sucede en la actualidad que en las investigaciones la información reservada se da conocimiento rápidamente al público. A veces seleccionado información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Por eso estamos presentado un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine», agregó.

Este proyecto de ley fue anunciado con anticipación por el ministro de Justicia, Félix Chero, el pasado 13 de junio. El titular del Minjus aseguró que con la medida se busca «proteger» la presunción de inocencia de investigados. En ese sentido, recalcó que, «en lo absoluto», se va a obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.

DEFENSORIA

La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Gobierno que descarte la presentación del proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal y que, según la institución, afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.

A través de un comunicado, la Defensoría expresó su preocupación ante el anuncio de una iniciativa legislativa presentada por el Ejecutivo ante el Congreso que plantea sancionar a quien revele información sobre investigaciones fiscales.

«Esta propuesta busca inhibir la labor colaborativa de quienes brindan información esencial a las y los periodistas, afectando así la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía», sostuvo el organismo, que calificó de «irrazonable» la eventual aprobación de una ley penal como esta.

Agregó que «resulta indispensable asegurar condiciones mínimas que permitan a la prensa ejercer su labor a cabalidad» y que «tales condiciones no podrían ser alcanzadas en contextos en los que se criminaliza la divulgación de información fiscal».

Ese proyecto, insistió, «amedrenta a las fuentes periodísticas, evitando o dificultando que la prensa acceda a información fidedigna sobre asuntos de relevancia e interés público».

«Si bien la norma establece que toda investigación fiscal es de carácter reservado, ello debe ser ponderado en función a los principios y derechos que son la base de un sistema constitucional democrático, como los principios de transparencia y de máxima publicidad de las actuaciones del Estado, así como también de las libertades de expresión e información», dijo.