POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES

La medida busca esclarecer posibles irregularidades en el desempeño de los magistrados.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), bajo la presidencia de Gino Ríos Patio, formalizó el proceso disciplinario inmediato contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

Los magistrados Edwin Corrales Melgarejo, Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Dávila Broncano también forman parte del proceso abierto.

Según el documento emitido por la JNJ, la investigación se centrará en su actuación como miembros de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

“Resulta necesario realizar la apertura del procedimiento disciplinario inmediato contra los magistrados Edwin Ricardo Corrales Melgarejo, Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi, Carlos Alberto Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Liliana Dávila Broncano”, señala el documento.

Asimismo, se precisa que el proceso no implica un adelanto de criterio, sino que busca determinar la existencia o no de responsabilidad funcional.

“A fin de determinar la existencia o no de la responsabilidad funcional, lo cual no constituye un adelanto de criterio sino, por el contrario, tiene el propósito de determinar en estricto respeto de la presunción de licitud sí los hechos configuran o no una inconducta funcional”, se lee en el oficio.

La denuncia que dio origen a la apertura del proceso contra Janet Tello y cuatro magistrados fue presentada el 4 de noviembre de 2024 por el ciudadano Julio Ramón Cadenillas Díaz “por sus actuaciones como jueces supremos integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República”.

¿Por qué son investigados?

El caso contra Janet Tello parte de una denuncia interpuesta por el coronel de la Policía Nacional (r), Julio Ramón Cadenillas Díaz, por la “actuación funcional” de ella y otros cuatro magistrados como integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

El demandante se quejó de que los jueces rechazaron la casación con la que buscaba ser repuesto en la institución policial invocando una ley derogada.

Al respecto, la titular del Poder Judicial afirmó en el programa Punto final que el demandante interpuso una acción de amparo contra la resolución que rechazó su casación y eso aún está en proceso. En ese sentido, cuestionó que la JNJ no supiera de ello. 

“Hay un apresuramiento inusual que ha llevado a que no crucen información, solo se guían por el dicho del señor (Cadenillas). Le he pedido al relator de la sala (Corte Suprema) a ver si la JNJ le ha pedido copia de esos expedientes y no han pedido nada. Nosotros sí hemos averiguado y ahí es que salta que tiene este otro proceso (demanda de amparo) y por lo tanto la JNJ no tiene conocimiento que ninguna autoridad puede avocarse de procedimiento en trámite. Lo establece el artículo 139 de la Constitución y si uno lo hace comete un delito: el de avocamiento indebido”, expresó.

Tello aseguró que nunca empleó una ley derogada para dar la resolución judicial como afirma el coronel Cadenillas. Sobre el recurso de casación que presentó el demandante, indicó que este no cumplía con los requisitos para ser aceptado. 

«Estamos hablando de la intervención de la Corte Suprema en un rechazo. Nosotros no hemos visto el caso en sí. El caso fue visto en dos instancias. Nosotros lo que hacemos como Corte Suprema es revisar a través de los recursos de casación, que es un recurso excepcional y debe contar con determinados requisitos. No contenía los requisitos para esa anulación que se pedía. No hemos invocado ni aplicado ninguna norma derogada, la ley 388 del Código Procesal Penal solo fue modificado por la ley 31591», explicó.