Por: Anahí Durand

Desde su constitución como República, el Perú ha ensayado diversos sistemas de representación parlamentaria orientados a garantizar el adecuado vínculo entre representantes y representados y una óptima labor legislativa.

La Constitución de 1979 instituyó un modelo bicameral mientras la de 1993, nacida del autogolpe fujimorista, instauró la unicameralidad. Tal cambio no mejoró la relación entre la población y sus congresistas y tampoco la calidad legislativa. Por el contrario, la desaprobación del Congreso alcanza niveles históricos en medio de una crisis política generalizada.

Esta semana, el Pleno del Congreso debe votar para cambiar la Constitución y volver al sistema bicameral. Más allá de contar con los votos, tal propuesta carece de la legitimidad y consenso suficiente. De inicio, desconoce los resultados del Referéndum Constitucional del 9 de diciembre del 2018 donde el 90.51% de la población votó por No restablecer la bicameralidad. Dicha reforma fue rechazada por más de trece millones de peruanos y ese ánimo no ha cambiado pues se asocia a la reelección indefinida y nuevos privilegios para los congresistas.

Es innegable que el sistema político requiere ser reformado y más todavía el Congreso. Los problemas son diversos y graves, somos uno de los países con el menor número de representantes por habitante de América Latina, pero a la vez tenemos uno de los Parlamentos más costosos y menos fiscalizados de la región. Asimismo, la producción legislativa es de las más frondosas y menos sustantivas, abarcando cada vez más temas que competen al Ejecutivo como lo referido a la entrega de arma a los comités de autodefensa, alterando el equilibrio de poderes. La misma elección de congresistas mediante el voto preferencial debilita a los partidos, favoreciendo el individualismo y el caudillismo.

En un momento de profunda crisis, aprobar una bicameralidad de espaldas a la población y desconectada del conjunto del sistema político no tendrá legitimidad suficiente. El país ya no necesita cambios parciales a medida de los grupos mayoritarios del Congreso ni elaborados por comisiones de expertos elitistas. Urge una reforma integral que involucre activamente a la ciudadanía y nos permita renovar nuestro deteriorado pacto social. El mecanismo más democrático para esta tarea es dar lugar a una Asamblea Constituyente donde se discuta y apruebe una nueva Constitución que renueve consensos sobre el sistema de representación, el régimen económico, el tipo de Estado entre otros aspectos medulares de la vida de un país. Que sea el pueblo quien decida en referéndum si está de acuerdo con estos cambios parciales o prefiere un cambio integral de la Constitución.