Por: Dany La Torre

Las decenas de familias cayllominas que fueron afectadas por los sismos ocurridos en marzo de este año, no fueron atendidas por el Gobierno ni las autoridades locales de Arequipa, así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo. Hasta la fecha, las personas damnificadas no han recibido los módulos de vivienda ni se ha elaborado un proyecto que los reubique lejos de esta zona considerada de alto riesgo.

Como se recuerda, el Gobierno central decretó un estado de emergencia en Caylloma para garantizar la ayuda en los distritos Maca, Lari, Madrigal, Achoma y el centro poblado de Pinchollo en Cabanaconde. Sin embargo, a 12 días de terminar este régimen de excepción, las 236 familias afectadas continúan esperando la atención de las autoridades.

El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, indicó que visitó en dos oportunidades la zona del desastre y comprobó las precarias condiciones en las que sobreviven los pobladores más afectados por estar en el epicentro del sismo, (actualmente) por las bajas temperaturas, así como por las condiciones de pobreza.

Asimismo, destacó que esta situación es el resultado de la inacción del Estado. Refirió que al consultar la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, se evidencia que la asignación y ejecución del programa presupuestal N.° 0068 para la reducción de vulnerabilidad y atención de esta clase de emergencias por dichas municipalidades, tiene un deficiente gasto de su presupuesto. Ante ello, resaltó que el distrito de Cabanaconde es el más más crítico, puesto que tiene un 0 % de ejecución de gasto, seguido de Achoma y Maca un avance del 14 % y 34 %, respectivamente.

“Esta grave situación hace ver los insuficientes esfuerzos de las autoridades por atender la emergencia, por un lado, los alcaldes distritales a pesar de tener un presupuesto anual asignado para tal fin y por otro, la deficiente respuesta del Gobierno nacional. Es más, en el caso de Cabanaconde no han habilitado la partida presupuestal, por la cual no pueden ejecutar ninguna obra de rehabilitación”, dijo.

Para el funcionario, en estas zonas se viene vulnerando los derechos fundamentales de la población, debido a que no solo se han afectado las viviendas sino también colegios, vías de comunicación y canales de regadío de una población, cuya gran mayoría, vive en situación de pobreza y pobreza extrema.

Manrique nuevamente exhortó al Gobierno nacional para que cumpla con enviar módulos, aulas prefabricadas, así como evaluar si se iniciarán los estudios de reubicación de la población por encontrarse en una falla geológica. Del mismo modo, pidió se brinde la técnica correspondiente para que los gobiernos locales ejecuten los recursos públicos asignados.

Por otro lado, la oficina defensorial advirtió que, tras los nuevos sismos ocurridos en todo el sur del país, se viene evidenciando una inadecuada capacidad de respuesta de los distintos niveles de gobierno..