Autodema observó ley promovida por congresistas de Arequipa.

Ante la reciente promulgación de la ley que autoriza la transferencia de terrenos del Proyecto Especial Majes Siguas (PEMS) – Autodema a seis municipios distritales, la presidencia del Consejo Regional de Arequipa (CRA), cuestionó las contradicciones de la normativa impulsada por el Congreso. Asimismo, planteó la posibilidad de que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), a través del PEMS – Autodema, interponga una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, debido a la posible afectación al desarrollo del proyecto Majes Siguas.

Hace cerca de 40 años, el PEMS – Autodema inscribió terrenos ubicados en distritos de diferentes provincias, reservándolos para garantizar la ejecución de Majes Siguas. Desde entonces, agricultores y autoridades locales han solicitado la reversión de dichos predios, alegando la pérdida de su derecho de propiedad. La ley promovida por los congresistas María Agüero Gutiérrez y Edwin Martínez Talavera autoriza la transferencia de terrenos no adjudicados ni afectados en uso agrícola, otorgando a los municipios de Huancarqui, Uraca, Lluta, San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas y Quilca. A su vez, les da potestad de tomar posesión de los mismos.

«Nosotros no vemos que sea coherente con la problemática que atraviesan distritos como Uraca, Santa Isabel, Lluta, etc. Lo que se está haciendo es otorgar las pampas a los distritos. Desde Autodema, lo han observado y deben evaluar una acción de inconstitucionalidad referente a la ley. (…) Se debió resarcir y no a otorgar los terrenos a los gobiernos locales. Tendremos gobiernos que seguramente pretenderán vender terrenos. Algo incoherente con las normativas del Ministerio de Vivienda, dado que dichas facultades corresponden a los municipios provinciales y los gobiernos regionales. Hay inconsistencias», declaró Osías Ortiz Ibáñez, presidente del CRA.

Desde el Gore Arequipa, sostienen que la ley carece de sustento técnico y desvirtúa la finalidad del proyecto Majes Siguas, concebido para uso productivo y generación de empleo. Ortiz Ibáñez insistió en que lo correcto era identificar los polígonos afectados y resarcir a sus propietarios originales, sin otorgar amplias facultades a los gobiernos locales. Asimismo, informó que, antes de la promulgación, intentaron dialogar con los congresistas responsables para buscar una solución conjunta, pero nunca obtuvieron respuesta de ningún parlamentario electo por Arequipa.