DEBE S/ 7 500 POR  ALIMENTOS

Corte informó que el investigado se presentó virtualmente a la audiencia de prisión preventiva.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Hunter logró que se dicte 15 meses de prisión preventiva contra Raúl John Lozano Bedoya (36), exprofesor del colegio Lord Byron.

Según las investigaciones fiscales, los hechos se remontan al año 2024, cuando Lozano habría aprovechado su posición como docente de la menor para ganarse su confianza y manipularla. Se presume que incluso enseñó a la víctima cómo evitar dejar rastros de sus encuentros, incluyendo la manipulación de cámaras de seguridad en su vivienda. El caso salió a la luz pública en abril de este año, cuando el padre de la menor descubrió a su hija en una videollamada mostrando su cuerpo ante un adulto. Inmediatamente notificó a las autoridades educativas del colegio y a la UGEL, lo cual desencadenó el proceso judicial actual.

Durante la audiencia, la fiscal Giovanna Rosas Ramos presentó pruebas sólidas que incluyen el testimonio anticipado de la menor, mensajes de texto, fotografías, videos obtenidos del análisis forense de dispositivos móviles y el certificado médico legal que avala la pérdida de integridad sexual. Además, se destacó que Lozano figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y posee una sentencia previa por omisión a la asistencia familiar, debiendo hasta la fecha la suma de S/ 7 501.66. Este antecedente, junto con la falta de arraigo del imputado, fue determinante para que el juez considere necesario su internamiento mientras avanza el proceso.

El caso ha provocado consternación en la ciudad. Padres de familia del citado plantel exigen mayor transparencia en los procesos de selección y supervisión del personal docente. Asimismo, solicitaron reuniones urgentes con la dirección del plantel para revisar protocolos de protección y prevención frente al abuso infantil. Por su parte, la UGEL continúa evaluando posibles responsabilidades administrativas derivadas del tiempo que transcurrió entre el inicio de los hechos y su denuncia formal.

Este caso también ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en instituciones educativas, especialmente en relación con la interacción entre docentes y estudiantes. Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos del niño han exigido reformas legales que permitan sanciones más severas para casos de corrupción de menores por parte de figuras de autoridad.

En ese sentido, la Fiscalía anunció que también investigará a Lozano por el presunto delito de proposición sexual dirigida a niños, niñas y adolescentes.