— Redacción Diario El Pueblo —

Por deficiencias técnicas, ampliaciones de plazo injustificadas y trabajos incompletos en la ejecución de la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de los distritos de Aplao y Huancarqui, provincia de Castilla, se generó un perjuicio económico de 14 millones 686 mil 875 en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría de la república, detalla que los hechos ocurrieron durante el período del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, identificando presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 personas, entre las que se encuentra una exgobernadora regional, Yamila Osorio Delgado y nueve exfuncionarios y ex servidores de la anterior (2015-2018) y de la actual gestión regional (2019-2022).

Durante la ejecución de la obra se aprobaron 11 ampliaciones de plazo injustificadas, ocasionando mayores gastos generales e inaplicación de penalidades por retrasos en los trabajos y por ausencia del residente. Asimismo, se evidenció que la contratista tenía deudas con la Sunat por ser deudor tributario con cobranzas coactivas.

En la ejecución del componente de la obra “Planta de tratamiento de aguas residuales Cosos – Bilbao – Casquina – Aplao (PTAR Aplao)”, por el que se pagó 8 millones 622 mil 524 soles, se evidenció deficiencias constructivas y pago por trabajos no ejecutados, situaciones que permitieron el deterioro de la infraestructura, así como de los equipos que se encuentran sin instalación y están almacenados desde el 2015 en condiciones que no garantizan su funcionamiento, además de no contar con vigencia tecnológica, causando la pérdida de la inversión de la PTAR, puesto que actualmente se encuentra inoperativa y sin funcionamiento.

El GRA suscribió el contrato de ejecución del proyecto el 27 de marzo de 2014 con la empresa contratista, por el monto de 43 millones 624 638 y un plazo de 420 días calendarios. Sin embargo, se pagó algo más de 50 millones con un plazo acumulado de mil 258 días, contabilizados entre el 23 de julio de 2014 y el 7 de diciembre de 2017, fecha en que se resolvió el convenio por problemas financieros de la empresa.