Cuatro investigaciones contra Santiváñez iniciaron en 2024.

El flamante ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, paradójicamente tiene serios problemas con la justicia. La presidenta Dina Boluarte lo designó como titular del Minjusdh a pesar de conocer que viene siendo investigado en 12 carpetas fiscales, todas por hechos presuntamente delictivos cometidos cuando era ministro del Interior.

Así lo revela la declaración jurada que presentó Santiváñez antes de jurar como ministro de Justicia, documento que Boluarte y el premier Eduardo Arana están en la obligación de revisar antes de la ceremonia.

Cuatro investigaciones fiscales contra el hoy titular de Justicia iniciaron en 2024: una por negociación incompatible, otra por encubrimiento personal, otra por tráfico de influencias, lavado de activos y dos por abuso de autoridad. Una de estas últimas es por el caso del capitán Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, quien habría sido víctima de represalias desde Inspectoría PNP luego de que difundiera audios del entonces ministro del Interior.

Justamente, en relación a esta investigación, la Fiscalía no ha logrado realizar el peritaje de voz. Y es que, aunque Juan José Santiváñez ha negado en múltiples ocasiones que sea su voz, no se ha presentado al Ministerio Público para que se extraiga la muestra de voz, según dio a conocer la periodista Karla Ramírez de Panorama.

En 2025, Sañtiváñez siguió en mira del Ministerio Público, que abrió otras 8 carpetas fiscales por presuntos delitos: dos por negociación incompatible, omisión de consignar declaraciones, un más por tráfico de influencias, malversación de fondos e interferencia de comunicaciones electrónicas.

Esta última fue iniciada luego de que el propio Santiváñez reveló en Cuarto Poder que había accedido con el guion de un reportaje antes de que se emita en televisión nacional. En este informe se dio a conocer que dos testigos protegidos lo señalaban de exigir presuntos sobornos para resolver procesos judiciales.

Declaración jurada de Santiváñez, presentada antes de otra investigación preliminar que destaca es una por tráfico de influencias agravado, por presuntamente exigir dinero a allegados de su cliente preso para influir en el Tribunal Constitucional y realizar gestiones indebidas en el INPE para que este no sea trasladado a otro centro penitenciario. Todo esto habría ocurrido cuando ya ocupaba cargos de alto nivel en el Ministerio del Interior, es decir, presuntamente usando sus influencias en el sector.

En esta investigación, el Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra Santiváñez, a pedido de la Fiscalía de la Nación.

Para la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el hoy ministro de Justicia podría justamente evadir la justicia. Esto a partir, por ejemplo, del hecho de que la pena a imponerse es de 12 años, su comprobada capacidad económica, los numerosos viajes al exterior y el desconocimiento de sus actividades privadas.