El Proyecto de Presupuesto Público 2026 asciende a S/ 257 mil millones, pero está construido sobre supuestos endebles, inconsistencias internas y una preocupante falta de realismo fiscal. La asignación por niveles de gobierno resulta llamativa: mientras el gobierno nacional crece apenas 2,7 % y los gobiernos regionales en 8%, los gobiernos locales verían una caída de 9 %. Esta contracción es poco creíble, considerando la presión política que suelen ejercer los municipios para sostener sus presupuestos.

El Ejecutivo insiste en que este es un presupuesto “moderado”, pero los datos lo desmienten. El gasto corriente crece 6 %, mientras que el gasto en planillas lo hace en un descomunal 14 %. Esta tendencia no es nueva: entre el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el aumento promedio ha sido de 14 % anual. Entre 2018 y 2025, el gasto en remuneraciones creció a un ritmo de 7 % anual, con ajustes adicionales de 5 % entre PIA y PIM. Estas cifras, lejos de estabilizarse, anticipan que el presupuesto 2026 enfrentará fuertes presiones al alza. La inercia del gasto, especialmente en rubros rígidos, impone una trayectoria ascendente difícil de revertir.

Se suma un factor fiscal explosivo y de largo plazo: la aprobación en segunda votación del proyecto de ley que establece una pensión mínima para los docentes de S/ 3.300, alineada con la Remuneración Íntegra Mensual de la Primera Escala Magisterial. Este ajuste, con un impacto fiscal inmediato de S/ 5 400 millones, es apenas el punto de partida. Cada vez que se incremente dicha remuneración —algo frecuente por presión sindical o política— el costo total crecerá automáticamente. Es un mecanismo de indexación implícita que genera un compromiso escalable y sin ancla. Lo más grave es que este gasto ni siquiera ha sido considerado en el presupuesto.

La inversión pública también muestra señales de deterioro. Se proyecta una caída del 13% en el gasto de capital, difícil de creer dado el contexto político. Además, la gestión de proyectos es errática: cada año se descontinúan unos 10 700, y entre 2018 y 2024 se incorporaron más de 80 mil nuevos, un tercio del total con PIM. En 2025, el 43 % de los proyectos actuales no tiene presupuesto asignado y solo el 10 % está en ejecución. Cerca de 21 mil proyectos tienen ejecución cero, casi el 40% del total. En 2024 se pasó de 20 480 proyectos al inicio del año a 55 532 al cierre. Esta expansión desordenada del gasto de capital anticipa nuevas presiones sobre el presupuesto 2026. Hay que tener en cuenta que las modificaciones presupuestarias son abultadas: el PIM se incrementa en promedio 45%, y hasta 119% en gobiernos subnacionales.

Todo esto reposa sobre un Marco Macroeconómico Multianual (MMM) con proyecciones excesivamente optimistas. Se prevé un crecimiento de 3,5 % este año y 3 % en los siguientes, sin considerar riesgos globales o del ciclo de commodities. Se plantea un ajuste fiscal por contención del gasto, lo que resulta contradictorio considerando que este gobierno ha sido el principal impulsor de su expansión. Se espera que el próximo gobierno asuma la consolidación y cumpla la meta de déficit de 1 % del PBI al 2028, lo que es políticamente inviable. Tampoco se consideran riesgos como la nueva pensión magisterial, mayores transferencias, rescates a Petroperú, pasivos contingentes ni nuevas exoneraciones. Según el FMI, la materialización de estos riesgos puede costar entre 6 % y 9 % del PBI en 12 a 18 años.

El país necesita responsabilidad, no contabilidad creativa. Las cifras maquilladas de hoy son las crisis de mañana.