Por Jorge Turpo R.

Muchos terminan en manos de extorsionadores, mientras las empresas operadoras quedan libres de responsabilidad.

DESCONTROL EN VENTA DE TARJETAS SIM

En Arequipa, basta caminar por la avenida Jorge Chávez, frente a la galería “La Muela”, para comprobar que la venta ambulatoria de chips de celular sigue siendo un negocio cotidiano.

A cinco soles, y sin mayor control, se ofrecen las tarjetas SIM de todas las compañías de telefonía. Esto ocurre a pesar de que desde agosto está vigente una ley que castiga con hasta cuatro años de cárcel a quienes comercialicen estos productos en la vía pública.

El contraste entre la norma y la realidad es evidente. La ley busca sancionar a los vendedores y a quienes activen de manera ilegal las líneas móviles. Pero en la práctica, poco o nada se ha avanzado para frenar este comercio informal que alimenta delitos como las extorsiones.

La reciente intervención en el penal de varones de Socabaya volvió a poner el tema en el centro del debate. Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detuvieron a Jennifer Apaza Mantilla cuando intentaba ingresar tres celulares y 148 chips escondidos en sus partes íntimas, durante su visita a su pareja, el interno Jesús David Quispe.

El INPE recordó que estas conductas están tipificadas en el Código Penal y que pueden castigarse con entre cuatro y seis años de cárcel, llegando hasta 15 en casos agravados. Sin embargo, los chips hallados en los penales son apenas una muestra de la magnitud del problema: la venta ambulatoria sigue siendo la puerta de entrada para que miles de líneas móviles caigan en manos de bandas criminales.

UNA LEY INSUFICIENTE

En teoría, el Congreso endureció las sanciones. La llamada “Ley que modifica la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos” establece penas de uno a cuatro años para quienes ofrezcan o vendan chips en la calle y de hasta ocho años para quienes los activen ilegalmente. También se establecen multas de hasta 730 días.

Pero hay un vacío clave: los altos directivos de las empresas de telefonía quedaron fuera de la responsabilidad penal. El proyecto original sí los incluía, pero esa parte del texto fue retirada a última hora, luego de que la congresista fujimorista, Rosángela Barbarán, planteara la modificación, apenas un día después de que el gremio empresarial AFIN —que agrupa a las operadoras— emitiera un comunicado rechazando la medida.

Esta exclusión hace que la ley castigue solo al eslabón más débil de la cadena —los vendedores ambulantes— mientras las empresas continúan beneficiándose de un negocio que no controlan ni parecen querer controlar.

Desde 2023, Osiptel y el Congreso establecieron que los chips solo pueden venderse en locales con dirección registrada.

Sin embargo, en la práctica, los ambulantes siguen ofreciendo líneas como si nada. Las empresas alegan que usan “promotores de venta” que derivan a los clientes a puntos formales para cerrar la operación. Pero en realidad esa figura ha servido de fachada para camuflar la comercialización ilegal.

Las compañías sostienen que no pueden vigilar cada etapa de la cadena de distribución. Pero esa justificación choca con el incentivo económico: buena parte de sus ingresos depende de la venta masiva de chips, incluso cuando estos terminan en la informalidad.

En 2023, la presidenta ejecutiva de Telefónica, Elena Maestre, admitió que la prohibición de la venta ambulatoria “golpeaba sus ingresos”. El mensaje fue claro: el negocio pesa más que el control.

RIESGOS PARA LOS CIUDADANOS

El problema no solo es legal o empresarial. Tiene consecuencias directas sobre los ciudadanos. Los vendedores ambulantes suelen pedir la huella digital varias veces, alegando errores en el sistema. Pero en realidad están activando varias líneas a nombre de una sola persona.

Esas líneas adicionales, sin control ni trazabilidad, acaban en manos de extorsionadores. Solo en 2024, Osiptel recibió 70 mil reclamos por líneas postpago no solicitadas y 50 mil por líneas prepago. Una cifra que, en palabras de expertos, es un verdadero escándalo.

El resultado es un sistema en el que las empresas operadoras obtienen beneficios económicos, los vendedores ambulantes asumen el riesgo legal y la ciudadanía paga el costo con mayor inseguridad.

La norma aprobada por el Congreso fue celebrada como un avance, pero en realidad deja abierta la puerta para que el problema continúe. Si la responsabilidad no llega a las cúpulas empresariales, difícilmente habrá cambios efectivos en el control de la venta de chips.

Por ahora, en las calles de Arequipa y de todo el país, la oferta de chips sigue a la vista de todos. Una actividad que, pese a las penas de cárcel anunciadas, se mantiene como combustible para la criminalidad.