Todavía hay 32 personas procesadas.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa dictó condena contra 16 de los 46 procesados por la matanza ocurrida en Atico de la provincia Caravelí. Las penas van desde 3 años y seis meses por usurpación agravada hasta 17 años por homicidio simple. El caso forma parte del megajuicio abierto por la disputa entre las organizaciones criminales Calpa Renace y Atico Calpa, que dejó 14 muertos.

El enfrentamiento se produjo el 2 de junio de 2022 en el cerro Huanaquita. Ambos bandos se disputaban la explotación de oro en concesiones de Intigol Mining S.A. El ataque se realizó con fusiles, escopetas y explosivos. De las víctimas, 10 pertenecían a Atico Calpa y 4 a Calpa Renace. Más de una decena resultó herida en los choques armados.

Los condenados se sometieron a la conclusión anticipada tras acuerdos entre la Fiscalía de Crimen Organizado y sus defensas. Entre los sentenciados por usurpación están Rolando López Díaz, Kevin Tamani Gonza, Jeferson Paitán Castro, Pedro Flores Neyra, Christoper Morales Tineo, Roswel Tuanama Romay y Adalberto Mego Castillo. Otros, como Alberto Vilcapuma Aragonez, Clifor Mejía Laberiano, Miguel Montes de la Cruz y Juan Manchego Maeda, recibieron además penas por homicidio simple.

Algunos de los procesados podrán salir del penal de Socabaya debido a que ya cumplieron gran parte de su condena como parte de la prisión preventiva. El tiempo restante se convertirá en jornadas de trabajo. En tanto, 32 procesados seguirán en juicio por los delitos más graves: homicidio, organización criminal, sicariato y tenencia ilegal de armas y explosivos.

Las investigaciones dirigidas por la fiscal María Cabana revelaron que los participantes fueron contratados para el desalojo armado. Recibían 400 soles por día de enfrentamiento y, si permanecían como seguridad, entre 4 mil y 6 mil soles mensuales según el arma que portaran. Los colaboradores también detallaron cómo fueron trasladados, hospedados y organizados para el ataque.

Desde la Corte Superior de Justicia de Arequipa advirtieron que el proceso debe concluir en un plazo máximo de ocho meses. Gran parte de los procesados permanecen en prisión preventiva, medida que vence en abril del 2026. Si el juicio no culmina, podrían recuperar su libertad pese a integrar, según la Fiscalía, una organización criminal con estructura jerárquica y logística propia.