La lucha contra la informalidad y la corrupción en el Perú necesita un compromiso real del Estado y también de las empresas privadas. Según Enrique Alania, director de Negocios Corporativos, entre el 45 % y el 70 % de los peruanos con empleo trabajan de manera informal.

“En nuestro país solo el 11 % de personas tiene un trabajo decente y el 89 % restante ¿dónde están? A veces son invisibles inclusive para las compañías”, afirmó Alania.

Un trabajo decente, explicó, debe tener condiciones mínimas: contrato formal, jornada laboral definida, salario acorde al mercado, seguro de salud y afiliación a un sistema de pensiones. Pese a ello, el Perú ocupa el segundo lugar en informalidad laboral de Latinoamérica con 76 %, después de Bolivia (80 %).

Alania también advirtió que incluso dentro de las empresas formales hay tolerancia a la informalidad, pues dijo que “el 15 % de la informalidad proviene del propio sector formal”. Por ello, planteó la propuesta de que “cada empresa debe medir su informalidad laboral”, considerando no solo a sus trabajadores, sino también a sus clientes, proveedores y el empleo indirecto que generan.

Además, recordó que la corrupción es otro factor que agrava el problema. “La corrupción es un delito público, implica el abuso de poder para beneficio propio y hace que se obre de acuerdo a principios que favorecen a uno mismo y no al bien común”.

Por su parte, Tamiko Hasegawa, gerente de Sostenibilidad e Innovación de empresa minera, señaló que el 63 % de la población en Moquegua trabaja en actividades informales. Para enfrentar esta realidad, la minera ha implementado un modelo de abastecimiento responsable, midiendo los empleos directos e indirectos generados en su cadena de valor junto a sus proveedores locales.

Es decir, la informalidad y la corrupción no es tarea exclusiva del Estado. El sector privado, y en especial la minería por su capacidad de generar cadenas de empleo, debe involucrarse activamente en la formalización y en la construcción de una economía más justa y transparente.