Por Jorge Turpo R.

El exministro de Economía y director de Videnza Instituto, propone mejorar la eficiencia en el gasto público antes de ir por la redistribución del canon minero porque podría generar conflictos sociales.

CUESTIONA USO DEL CANON EN PLANILLAS

El debate sobre el uso del canon minero vuelve a colocarse en el centro de la agenda pública. Este año, Arequipa recibió más de 1 035 millones de soles por este concepto. Sin embargo, el impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos sigue siendo limitado.

A juicio de Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, el problema no radica en la falta de recursos, sino en la incapacidad de los gobiernos regionales y locales para transformarlos en servicios de calidad.

“Arequipa es un claro ejemplo de esta paradoja”, advierte. Distritos como Yarabamba, en el área de influencia de la minera Cerro Verde, manejan millonarios presupuestos por canon, pero aún carecen de agua potable las 24 horas.

“Tenemos estadios municipales e infraestructura que no es prioritaria, mientras las brechas básicas siguen abiertas”, señala.

Para Castilla, estas incoherencias reflejan un desacople entre la identificación de necesidades y la ejecución de proyectos que respondan a ellas.

El canon minero, recuerda, representa el 50 % del impuesto a la renta que pagan las empresas extractivas. Es un recurso fluctuante y, por ello, debería invertirse en proyectos sostenibles que cierren brechas sociales y fortalezcan la licencia social de la minería.

No obstante, en varios casos se ha destinado a gasto corriente, como planillas, lo que compromete la sostenibilidad de los presupuestos locales. Hay municipios que le sacan la vuelta a la ley del canon y crean los denominados: proyectos de fortalecimiento institucional a través de los cuales contratan personas y les pagan con dinero del canon, cuando esos recursos deben ser exclusivamente para proyectos de inversión.

“Si el canon cae, esas planillas quedan desfinanciadas”, advierte.

La pregunta recurrente es si corresponde revisar la Ley de Canon y su distribución.

Castilla responde con cautela. Aunque reconoce que hay inequidades —como la situación de Yarabamba—, advierte que cualquier modificación generará ganadores y perdedores, y, con ello, conflictos políticos.

“Hemos visto tensiones entre Moquegua y Tacna por ajustes mínimos en la distribución. Por eso, más que mover la regla, debemos enfocarnos en mejorar la capacidad de gestión de las regiones”, explica.

El exministro plantea la necesidad de crear mecanismos de estabilización, como ocurre en países mineros avanzados.

“Parte del canon debería ahorrarse en fondos que permitan amortiguar las caídas de precios internacionales y, a la vez, destinarse a proyectos concursables que efectivamente cierren brechas”, propone.

La experiencia canadiense, donde los gobiernos locales ahorran una fracción de sus ingresos, es un modelo que, asegura, podría adaptarse al Perú.

¿MÁS IMPUESTOS?

En este contexto, la discusión sobre aumentar la carga tributaria a la minería, como ha ocurrido en Chile, también aparece en la agenda. Castilla es claro: no es momento de introducir “ruido” en las reglas de juego.

“El marco tributario minero peruano es competitivo y predecible. Fue diseñado hace 12 años y ha permitido una recaudación significativa. Hoy lo que necesitamos es preservar la estabilidad y no perder competitividad”, enfatiza.

El riesgo, añade, es que en tiempos electorales se utilice el tema del canon como bandera populista.

“Ya hemos visto esa película: propuestas de modificar tributos mineros sin medir consecuencias. El capital es móvil y puede irse a Chile, Australia o Canadá. Lo que atrae la inversión es la predictibilidad”, sostiene.

DESCENTRALIZACIÓN

Para Castilla, el verdadero debate pendiente no está tanto en la distribución del canon, sino en el proceso de descentralización iniciado hace 22 años.

“Es un proceso irreversible, pero que no ha dado resultados. En los últimos diez años se ha triplicado la asignación para salud y educación, y sin embargo los indicadores han retrocedido. La anemia sigue golpeando a los niños y afecta su rendimiento escolar”, subraya.

La conclusión es que el modelo de descentralización necesita ajustes urgentes. Castilla insiste en que no se trata de centralizar nuevamente las competencias, sino de fortalecer la gestión regional y local, y coordinar con el gobierno nacional en una “responsabilidad compartida”.

Sin ese cambio, advierte, el canon seguirá acumulándose en saldos no ejecutados, mientras la población mantiene su desconfianza en las autoridades.

En paralelo, experiencias como las obras por impuestos demuestran que la colaboración público-privada es un camino viable.

En 2024 se ejecutaron más de 4 000 millones de soles bajo esta modalidad, un récord histórico. “Es una herramienta eficaz, pero no basta con inaugurar hospitales o colegios. Hace falta asegurar que tengan médicos, maestros y equipamiento para operar. De lo contrario, la infraestructura se convierte en un cascarón vacío”, explica.

Castilla resume su diagnóstico con una frase que condensa el dilema del país: “Tenemos que hacer funcionar la descentralización”.

Si no se corrigen sus fallas estructurales, advierte, el Perú seguirá atrapado en un ciclo donde la abundancia de recursos convive con la persistencia de carencias básicas. Un problema de gestión que, a la larga, también amenaza la paz social en las regiones mineras.