Por Jorge Turpo R.

El canon minero ha significado en los últimos veinte años un ingreso extraordinario para las regiones, universidades y municipios donde se concentran las actividades extractivas.

Entre no tenerlo y tenerlo, David Chávez, especialista en el tema y docente universitario, señala “hemos ganado mucho”.

Sin embargo, la pregunta que se impone es si su uso ha contribuido de manera efectiva a reducir las brechas sociales o si urge revisar la forma en que se distribuye.

Chávez sostiene que, en sus inicios, el canon permitió acelerar compensaciones y obras de infraestructura básica que los mecanismos ordinarios del Estado no lograban concretar.

Pero el marco legal que lo regula —que obliga a destinarlo principalmente a infraestructura— no ha sido revisado en dos generaciones. “Ninguna ley está escrita en piedra. Ya toca flexibilizarla”, advierte. La clave, insiste, es mejorar su efectividad.

Uno de los nudos críticos está en la ejecución. El dinero llega a gobiernos regionales, municipalidades o universidades, pero los resultados dependen de la capacidad de gestión de los equipos humanos.

“La falla está en la capacidad de ser ejecutores de proyectos. Con talento y experiencia adecuados, el canon puede transformarse en obras eficientes, transparentes y con impacto social. Pero cuando esa capacidad no existe, los recursos se pierden en el camino”, señala.

El debate, entonces, no solo debe concentrarse en la eficiencia del gasto público, sino en replantear el modelo mismo de distribución.

Actualmente, el criterio principal es la cercanía a la operación minera, lo que ha generado distorsiones. Chávez grafica un ejemplo: una comunidad de 50 personas ubicada a pocos kilómetros de un proyecto puede recibir, per cápita, más recursos que una ciudad de miles de habitantes situada a 50 kilómetros.

“Eso es una caricatura de lo que ocurre. La redistribución necesita nuevos criterios técnicos, porque ya sabemos, por experiencia, qué es lo que no camina”, sostiene.

¿Qué criterios deberían primar? Chávez propone mirar el índice de desarrollo humano. Una ciudad con dinámicas sociales y económicas activas necesita menos impacto del canon que otra rezagada, incluso si ambas están en la misma zona de influencia. También advierte sobre el riesgo de obras vistosas que no cambian la vida de la población.

En cuanto a propuestas como entregar el canon directamente a cada ciudadano, Chávez es tajante: “Eso sería descabellado, porque implicaría que el Estado renuncie a su rol de promotor del desarrollo. Y esa renuncia tendría efectos muy graves en el tejido social”. En cambio, sí considera que el Estado debe apoyarse más en la academia y en la sociedad civil organizada para fortalecer capacidades técnicas.

En el caso de las universidades públicas beneficiadas con el canon, destaca experiencias positivas como las de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, la UNSA, la Universidad Nacional de Cajamarca o la del Santa.

“Han logrado avances importantes que no habrían sido posibles con los recursos comunes del Estado. Por eso, creo que el modelo universitario es de los que menos necesitan revisión. La prioridad debería estar en la infraestructura básica al servicio del Estado”, precisa.

El referente internacional demuestra que el canon puede ser un instrumento de desarrollo de gran escala, pero depende del contexto. Países como Noruega y Singapur lo han usado para renovar su infraestructura o garantizar acceso universal a internet.

En cambio, en países con instituciones débiles y corrupción extendida, copiar modelos externos resulta inviable. “El órgano ejecutor es el que marca la diferencia. No se trata de trasplantar esquemas, sino de desarrollar uno propio que responda a nuestra realidad”, afirma Chávez.

En ese sentido, destaca que el caso chileno guarda similitudes con el peruano, pero con una diferencia clave: en Chile el órgano ejecutor puede ser más diverso que un gobierno regional o municipal, lo que les da mayor flexibilidad y eficacia.

De cara al proceso electoral de 2026, Chávez cree que es una oportunidad para poner el tema en debate público. El tamaño de lo recaudado por canon despierta grandes expectativas en la ciudadanía.