La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó, ayer viernes, el informe final que recomienda la procedencia de la denuncia constitucional presentada contra el expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta, por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

POR FALLIDO GOLPE DE ESTADO

Con 10 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención, dicho grupo de trabajo parlamentario aprobó el referido informe que, además, propone la inhabilitación para ejercer la función pública, por 10 años, contra los denunciados. 

La encargada de sustentar el informe final fue la congresista Ana Zegarra (Somos Perú) quien indicó que la conclusión recomendaba las referidas inhabilitaciones y el archivo de los cargos contra el parlamentario Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo de Pedro Castillo. 

“Hemos determinado en la conclusión que, de conformidad con lo establecido en […] el Reglamento del Congreso y en virtud de haber seguido un debido proceso, ceñido a la Constitución, al Reglamento del Congreso, la jurisprudencia y doctrina pertinente, dando el derecho a que las partes expongan sus posiciones, consideramos [que] las conclusiones arribadas […] son constitucionalmente justas, considerando los motivos expuestos y que las medidas sugeridas a adoptarse se encuentran dentro de los parámetros normativos, y a las cuales creemos efectivos para el cumplimiento de la finalidad del proceso de acusación constitucional”, señaló Zegarra. 

«[Se concluye] acusar al denunciado Pedro Castillo Terrones […] de infringir los artículos […] de la Constitución […], y en consecuencia se propone se le interponga a la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años, como la sanción máxima prevista en nuestro ordenamiento constitucional. Asimismo, se ha determinado acusar a la denunciada Betssy Chávez […] de infringir los artículos […] de la Constitución […], y en consecuencia se propone se le imponga a la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años […] También acusar al denunciado Willy Huerta, exministro del Interior de infringir los artículos […] de la Constitución […], y en consecuencia se propone se le imponga a la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años», detalló. 

En el caso de Roberto Sánchez, se indicó que «se ha especificado, [que] el denunciado ha obtenido una resolución suprema que se pronuncia en cuanto a su no participación de los hechos investigados en las denuncias constitucionales».

Los votos a favor de aprobar el informe final fueron de Lady Camones (APP), presidenta de la SAC; Jorge Montoya (Honor y Democracia); Ana Zegarra; Karol Paredes (Avanza País); Arturo Alegría, Marta Moyano y Patricia Juárez de Fuerza Popular; María Acuña (APP); Patricia Chirinos (Renovación Popular); y Elvis Vergara (Acción Popular). Los votos en contra fueron de Elías Varas (JPP-VP-BM), María Taipe (Perú Libre) y Pasión Dávila (Bancada Socialista). 

La fiscal suprema Zoraida Ávalos alegó que la procesada Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México, ha incumplido «con todas las restricciones impuestas» por la judicatura, como la «obligación de registrar su control biométrico cada 7 días».

El Ministerio Público pidió al Poder Judicial que se revoque la medida de comparecencia con restricciones impuesta a la exjefa del Gabinete Betssy Chávez, y se varíe por mandato de prisión preventiva.