Por: Roxana Ortiz A.

Una nueva denuncia sobre cobros irregulares detectó la Contraloría. Esta vez se trata de los trabajadores de la Gerencia Regional de Educación, quienes en el periodo entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, habrían recibido dinero que no les correspondía.

Según se determinó, se aprobaron disposiciones internas para la entrega de tarjetas electrónicas de consumo para los trabajadores de la sede de Educación, los que se habrían solicitado bajo el pretexto de un convenio colectivo y se acordó otorgar como condición de trabajo, alimentación para los trabajadores, conforme a los informes técnicos y legales emitidos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, (SERVIR), como parte del plan de bienestar social.

El problema es que, según el informe de control interno, las mencionadas disposiciones internas aprobadas, no cumplieron con las condiciones establecidas en el convenio colectivo; aunado a ello no cumplía con los criterios establecidos por SERVIR para ser considerado como condición de trabajo; sin embargo, se realizaron procesos de contratación para la adquisición de dichas tarjetas electrónicas de consumo de alimentos.

Estas tarjetas se entregaban al personal de la sede de la entidad, lo que significó un incremento de ingresos de personal, lo que está prohibido por las normas anuales de presupuesto durante los años 2019, 2020 y 2021, afectando los principios de probidad, legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública. Los hechos expuestos ocasionaron un perjuicio económico de 358 mil 970 soles, donde están comprometidos 14 funcionarios de la gerencia regional de educación.

El informe precisa que debe iniciarse las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad del Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan, ya que se transgredieron diversas normas vigentes.

Igualmente, el informe también refiere que se disponga el inicio de las acciones que correspondan en el marco de sus competencias para deslindar responsabilidades administrativas funcionales respecto a los ex gerentes regionales de Educación, Milton Casaperalta Ayma, Margarita Monzón Valverde y Raúl Sánchez Miranda, por el periodo de 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

Agrega que debe realizarse también el procesamiento de 11 funcionarios y servidores públicos de la Gerencia Regional de Educación comprendidos en los hechos observados en dicho Informe, de acuerdo a su competencia e iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad detectada con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.