Por: Carlos Meneses

La delincuencia y el crimen organizado amenazan la estabilidad democrática y la confianza ciudadana. Por ello, el país necesita un plan integral, realista y con liderazgo político firme. La cooperación internacional puede y debe contribuir, pero la responsabilidad de recuperar la seguridad y la paz social recae, en última instancia, sobre el propio Perú.

La llegada de una delegación interagencial de los Estados Unidos al Perú, con el objetivo de contribuir al diseño de un “plan peruano de lucha contra la delincuencia”, marca un hecho significativo en la agenda de seguridad nacional. Por un lado, refleja el reconocimiento de la magnitud del problema criminal que enfrenta el país; por otro, abre un debate necesario sobre los alcances de la cooperación internacional y los límites de la soberanía en materia de seguridad interna.

Las autoridades peruanas sostienen que la visita busca obtener un diagnóstico técnico y recomendaciones sobre cómo enfrentar el creciente avance del crimen organizado. La delegación, integrada por funcionarios del FBI, la DEA y cuerpos policiales de EE.UU., permanecerá en Lima cerca de diez días para reunirse con instituciones del Ejecutivo, el Ministerio del Interior y la Fiscalía. El objetivo es claro: aportar insumos para un plan nacional, sin imponer un modelo extranjero.

Sin embargo, el reto no radica únicamente en el asesoramiento técnico, sino en la capacidad del Estado peruano para traducir esas recomendaciones en políticas sostenibles, coherentes y respetuosas del marco legal nacional. La experiencia comparada puede ser útil, pero la lucha contra la delincuencia requiere comprender las raíces locales del problema: la precariedad institucional, la corrupción, la informalidad económica y la desconfianza ciudadana hacia las autoridades. Ningún plan será eficaz si no se refuerzan la inteligencia policial, la investigación criminal, la coordinación fiscal y judicial, y la reinserción social.

Estados Unidos ha sido, históricamente, un aliado estratégico en temas de seguridad y lucha antidrogas. Pero esa cooperación debe mantenerse dentro de los principios de respeto mutuo, sin injerencias que diluyan la capacidad de decisión del Estado peruano. La seguridad es un componente esencial de la soberanía, y el “plan peruano” debe honrar ese principio desde su concepción hasta su implementación.