El Gobierno del presidente José María Balcázar declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días calendario, con el objetivo de enfrentar el incremento de la criminalidad y otras manifestaciones de violencia que afectan a ambas jurisdicciones.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 027-2026-PCM, publicado en una edición extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Según la norma, durante la vigencia del estado de emergencia la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Perú.

La PNP será la encargada de determinar las zonas de intervención en función de información de inteligencia, indicadores delictivos, estadísticas y mapas del crimen. El Ejecutivo precisó que el objetivo es reducir los índices de inseguridad ciudadana, priorizando los distritos con mayores niveles de violencia y presencia del crimen organizado.

Durante el periodo de emergencia se restringen o suspenden derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Asimismo, los eventos masivos religiosos, culturales o deportivos deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes para su realización, mientras que las actividades no masivas podrán desarrollarse sin permiso previo.

La intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se regirá por lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1186, que regula el uso de la fuerza policial, y en el Decreto Legislativo N° 1095, que establece las reglas de empleo de la fuerza militar en territorio nacional.

Asimismo, la norma dispone que se mantengan en sesión permanente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana del Callao, el Consejo Nacional de Política Criminal y los comités creados en el decreto supremo.

El documento lleva las firmas del presidente José María Balcázar; de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles; y de los ministros Luis Arroyo (Defensa), Hugo Begazo (Interior), Gerardo López (Economía y Finanzas), Luis Jiménez (Justicia y Derechos Humanos) y Aldo Prieto (Transportes y Comunicaciones).

Con esta medida, el Ejecutivo busca fortalecer la respuesta del Estado frente al auge de la delincuencia en la capital y el primer puerto, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección de la población.