Foto: Jorge Esquivel

A través del Informe Defensorial N.° 270, la Defensoría del Pueblo evidenció deficiencias en la ejecución del programa presupuestal 0068 por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Solo en 2025, devolvió más de S/25 millones correspondientes a esta partida. En los tres años de la actual gestión, el monto devuelto supera los S/55 millones. Este presupuesto debe financiar acciones de prevención y atención frente a desastres, por lo que su baja ejecución deja a la región expuesta a afectaciones por lluvias intensas, huaicos e inundaciones.

SEGÚN REPORTE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

El presupuesto 0068, denominado “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” constituye una partida orientada a proteger a la población y sus medios de vida frente a eventos naturales adversos. Comprende la implementación de medidas de prevención, reducción de riesgos y atención de emergencias. Mediante el informe de análisis y evaluación de la ejecución del gasto en el programa presupuestal 0068, la Defensoría monitoreó el desempeño de los gobiernos regionales a nivel nacional, con el objetivo de verificar el uso eficiente de los recursos asignados.

En 2025, el GORE Arequipa recibió S/59 millones 142 mil 942, el tercer monto más alto entre las 26 regiones del país, solo superado por la Municipalidad Provincial de Lima, con S/805 millones 27 mil 663, y el Gobierno Regional de Ica, con S/332 millones 85 mil 985. Esta asignación responde a la condición de Arequipa como territorio altamente vulnerable a fenómenos climáticos. En consecuencia, los recursos debían destinarse a proyectos vinculados directamente con la prevención, reducción de riesgos y atención de emergencias o desastres naturales.

No obstante, al cierre del año fiscal 2025, el GORE Arequipa devengó S/33 millones 830 mil 460, equivalente al 57.2% del presupuesto asignado. Es decir, dejó sin comprometer S/25 millones 369 mil 159. De acuerdo con la normativa vigente, los recursos no comprometidos dentro del ejercicio fiscal deben revertirse al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Con ese nivel de ejecución, el GRA se ubicó como la penúltima región con menor desempeño presupuestal, solo por encima del Gobierno Regional de Piura, que alcanzó una ejecución de 48.4%.

Durante la gestión de Rohel Sánchez al frente del GRA, la ejecución del programa 0068 ha mostrado variaciones marcadas. En 2023 se asignaron S/32 millones 780 mil 663 y el año cerró con una ejecución de 23.4%, dejando S/25 millones 118 mil 419 sin ejecutar. En 2024, en cambio, se recibieron S/66 millones 49 mil 178 y se alcanzó una ejecución de 91.6%, con un saldo no ejecutado de S/5 millones 427 mil 926. Al sumar los recursos no ejecutados en 2025, el total devuelto al MEF asciende a S/55 millones 915 mil 504 en tres años.

Tras la baja ejecución registrada el año pasado, en 2026 el GRA recibió S/13 millones 730 mil 482 para el programa 0068, monto que representa el 28% de lo asignado en 2025. Pese al contexto de emergencias por lluvias que atravesó la región este año, la entidad ha devengado apenas S/165 mil 172, equivalente al 1.2% del presupuesto disponible. Este nivel de ejecución resulta particularmente crítico si se considera la gravedad de las lluvias experimentadas entre enero y febrero. Mismas que han dejado cientos de damnificados.

Frente a un escenario de recurrente baja ejecución, la Defensoría del Pueblo instó a los gobiernos a “priorizar la ejecución de actividades preventivas, en particular la descolmatación de ríos y quebradas debido a la alta exposición al riesgo” y a “mejorar la planificación multianual del Programa Presupuestal 0068, articulando la programación presupuestal con información de riesgos climáticos, daños históricos y escenarios de emergencia”.

Adicionalmente, instó a la Contraloría General de la República a evaluar la ejecución del presupuesto 0068, no solo la legalidad, sino su oportunidad y finalidad, considerando que la inacción en gestión del riesgo también genera afectación a derechos fundamentales. Finalmente, recomendó al Ministerio Público notificar oportunamente a los alcaldes de las distintas municipalidades, a fin de evitar omisiones de funciones y la exposición de grupos vulnerables frente a posibles desastres.