Por: Carlos Meneses

Arequipa no puede seguir esperando. Si algo dejaron estas lluvias es la certeza de que sin gestión, planificación y respeto por el territorio, cada temporada de lluvias repetirá la tragedia. El agua volverá, inevitablemente. La pregunta es si esta vez estaremos preparados o si dejaremos que la historia se inunde otra vez.

Las lluvias de febrero de 2026 fueron más que un evento climático extremo: una radiografía de Arequipa y de sus falencias estructurales. Torrenteras desbordadas, barrios enteros anegados, familias que lo perdieron todo y un Estado que llegó tarde o no llegó. La naturaleza no hizo más que recordar lo que ya sabíamos: el verdadero desastre es la falta de gestión.

El Gobierno Regional de Arequipa dispone de un Fondo de Compensación Regional superior a los 540 millones de soles al año, y cada municipio recibe partidas del FONCOMUN que podrían destinarse a prevención. Sin embargo, la ejecución de obras no supera el 53%. Las torrenteras no se limpian, los muros de contención no se construyen y la maquinaria pesada sigue guardada en los presupuestos.

La Ley 31952, vigente desde 2023, permite a los gobiernos locales usar hasta el 50% de su FONCOMUN para comprar maquinaria y atender emergencias sin esperar declaratorias. Pero esa norma duerme en los escritorios municipales. La burocracia, la improvisación y el desinterés se han vuelto más destructivos que el agua misma.

A esta negligencia se suma el desorden urbano. Arequipa crece sin planificación ni control, invadiendo cauces naturales y laderas inestables. El Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa no se actualiza desde 2017, lo que deja a la ciudad sin una hoja de ruta. Sin ese instrumento, los asentamientos informales siguen multiplicándose sobre terrenos no mitigables, convertidos en trampas de lodo y muerte.

Profesionales insisten en que el futuro de la ciudad depende de una planificación moderna y técnica. Su planteamiento es claro: profesionalizar las gerencias de obra, invertir en drenajes pluviales integrales, destrabar proyectos estratégicos como Majes-Siguas II y garantizar vivienda formal como política de prevención. Una casa bien construida no solo ofrece techo, sino también seguridad frente al desastre.

Mientras tanto, la ciudadanía vuelve a dar la lección más valiosa: organización y solidaridad. En Cayma, Socabaya y Bustamante, los vecinos levantan muros con sus propias manos y comparten lo poco que tienen. La gente actúa mientras las autoridades siguen diagnosticando.