ELECCIONES 2026

La historia personal del dirigente regional de Perú Libre en Arequipa es, según su propio testimonio, el punto de partida de una propuesta política que busca conectar con sectores históricamente postergados. Su relato se remonta a la infancia en un pueblo joven, donde —afirma— creció sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o vías adecuadas. Esa experiencia, marcada por lo que describe como “abandono del Estado”, moldeó una visión crítica del sistema y una temprana sensibilidad social.

Hanz Godoy Quispe, candidato a diputado por Arequipa, con el No.1 por Perú Libre, refirió que con el paso de los años, su ingreso al Poder Judicial reforzó esa percepción. Desde cargos iniciales como auxiliar administrativo hasta funciones de mayor responsabilidad como secretario judicial, especialista legal y asesor de corte, asegura haber conocido desde dentro las limitaciones del aparato estatal. En ese recorrido, sostiene que fue testigo de un trato burocrático que muchas veces dilata o niega derechos a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Esa vivencia, recalca, no solo consolidó su perfil profesional, sino que también lo empujó a dar el salto a la política.

Para el dirigente, la indignación social no puede quedarse en la queja. Considera que existe una responsabilidad de canalizar ese malestar hacia la acción política concreta, ya sea desde la protesta o la participación electoral. En esa línea, recuerda su involucramiento en conflictos sociales emblemáticos como la defensa del Valle de Tambo, así como su participación en movilizaciones tras la asunción de la presidenta Dina Boluarte. “No basta con observar, hay que asumir posiciones”, resume.

Su discurso también busca diferenciarlo dentro del escenario político. Se define como un “militante orgánico” de Perú Libre, con una trayectoria partidaria previa a 2020, y cuestiona a quienes —según afirma— ven la política como una oportunidad de negocio o acceden a candidaturas sin formación ni compromiso ideológico. En ese contexto, plantea que uno de los principales problemas del sistema político peruano es la falta de representatividad real.

De cara a las elecciones generales de 2026, su propuesta central apunta a una transformación estructural del país. El eje de este planteamiento es la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. A su juicio, la Constitución vigente favorece a una minoría y limita la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales. Por ello, insiste en que un cambio constitucional permitiría redefinir la distribución de la riqueza y fortalecer el rol del Estado en sectores estratégicos.

En el ámbito regional, Godoy Quispe  pone énfasis en dos sectores clave: educación y salud. En educación superior, plantea el ingreso libre a las universidades públicas, una propuesta que, asegura, puede sostenerse mediante el uso de herramientas tecnológicas y una mejor planificación del sistema educativo. Asimismo, menciona iniciativas como la creación de la Universidad Mariano Melgar en el Cono Norte de Arequipa y la implementación de una universidad agraria en Majes, orientada a potenciar el desarrollo productivo de la región.

En salud, su diagnóstico es crítico. Advierte que existen múltiples obras hospitalarias paralizadas y propone la creación de una comisión especial que, en un plazo de entre 30 y 40 días, evalúe y destrabe estos proyectos. Este grupo estaría conformado por representantes del Congreso, la Contraloría, autoridades locales, trabajadores y la sociedad civil. Además, plantea que cada región del país cuente con al menos cuatro hospitales especializados —oncológico, materno infantil, clínico quirúrgico y odontológico— con el fin de descentralizar la atención y evitar que los pacientes deban trasladarse a Lima para tratamientos complejos.

Otro de los ejes de su propuesta es la reforma de la representación política. Critica que muchos congresistas, una vez electos, pierden contacto con sus regiones y se concentran en la dinámica del Parlamento. Frente a ello, plantea mantener una comunicación constante con la ciudadanía, utilizando medios locales y plataformas alternativas para informar sobre su labor legislativa y recoger demandas. Asimismo, considera que una de las principales tareas del Congreso debe ser la defensa del presupuesto público, orientándolo hacia servicios básicos en zonas rurales y urbano-marginales.

En ese sentido, enfatiza que la representación no debe limitarse a la función legislativa, sino que implica actuar como un puente efectivo entre la población y el Estado. “No se trata solo de leyes, sino de gestionar soluciones concretas”, sostiene, al referirse a la necesidad de garantizar acceso a agua, saneamiento, electrificación y vías en distritos alejados de Arequipa.

Pese al contexto de desconfianza hacia la clase política, el dirigente percibe un escenario favorable para su organización. Asegura que el símbolo del “lapicito”, asociado a Perú Libre, mantiene presencia en el imaginario colectivo y aún genera identificación en sectores populares. Incluso, señala que parte de ese respaldo se vincula con la figura del expresidente Pedro Castillo, a quien el partido considera víctima de una salida irregular del poder.

Finalmente, su mensaje al electorado se centra en la necesidad de evaluar con detenimiento a los candidatos y sus propuestas. Destaca que Perú Libre es un partido con origen en el interior del país, lo que —afirma— le otorga una visión distinta frente a organizaciones tradicionales con base en Lima. En esa línea, insiste en que los cambios que propone requieren no solo ganar la presidencia, sino también contar con una representación sólida en el Congreso.

Así, Godoy  entre la experiencia judicial, la militancia partidaria y un discurso de transformación estructural, el dirigente perfila su candidatura como una alternativa que busca capitalizar el descontento ciudadano y traducirlo en reformas de fondo para el país y la región Arequipa.